El Superior Tribunal de Justicia del Chaco (STJ) hizo lugar parcialmente a la acción de habeas corpus colectivo y correctivo interpuesta por la defensora General Adjunta del Poder Judicial, Gisela Gauna Wirz, en favor de las personas privadas de su libertad alojadas en las Comisarías y establecimientos penitenciarios de la Provincia del Chaco. Ello conforme al dictamen Nº 3/20 de la Procuración General Adjunta y a la adhesión a la demanda que manifestó la Asociación Pensamiento Penal.

Sobre ese tema se refirió Amira Nahir Barud de Pensamiento Penal Chaco quien brindó detalles sobre el habeas corpus presentado y el fallo del Superior Tribunal de Justicia: “lo que hizo el Superior es informar a los jueces de garantías, correccionales, cámaras del crimen y fiscales, que respetando la garantía del juez natural, deberán revisar de oficio las causas de aquellas personas que se encuentran cumpliendo prisión preventiva, evaluando su necesidad y justificación conforme la situación de emergencia por la pandemia del COVID-19”.

Barud indicó las condiciones de las comisarías del la provincia: “se nos informó que actualmente en las comisarías hay 1149 personas, cuando la policía no debe tener a su cuidado a personas privadas de su libertad sino realizar labores preventivas”.

La decisión del Superior Tribunal de Justicia indica que deberán disponerse de medidas alternativas al encierro con los mecanismos de control y monitoreo que estimen corresponder.
Además, el STJ encomendó a jueces de ejecución Penal que adopten todas las medidas necesarias con la suficiente antelación, a fin de resolver los beneficios de libertad condicional y libertad asistida al momento de cumplirse el requisito temporal. Como así considerar medidas alternativas en los casos de personas con condenas firmes por delitos no violentos, próximas a agotar la pena impuesta.
En tanto que los tribunales de la jurisdicción deberán considerar los casos de personas con mayor riesgo para la salud.  “Las evaluaciones en cada caso deberían determinar si es posible proteger su salud si permanecen detenidas y considerar factores como el tiempo de pena cumplido y la gravedad del delito o la existencia de riesgos procesales y el plazo de la detención”, indicaron.
En todos los casos deberán tener especialmente en cuenta a las personas con padecimientos mentales, como grupo especialmente vulnerable, conforme las recomendaciones dictadas al respecto por la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud de la Nación el 17 de marzo de 2020.
Por otro lado, el habeas corpus indica que los tribunales del fuero que tendrán que evaluar con máxima prudencia y carácter  restrictivo la aplicabilidad de estas disposiciones en supuestos de delitos graves, conforme normas constitucionales, convencionales y de derecho interno, de acuerdo a la interpretación  que el órgano jurisdiccional entienda corresponde en cada caso.
Otras disposiciones
Asimismo  recomendaron  a las autoridades penitenciarias que, ante la detección de síntomas compatibles con COVID-19, den estricto cumplimiento a  los  protocolos y disposiciones vigentes en materia sanitaria debiendo proporcionar  de modo inmediato la atención pertinente  y, en su caso, el aislamiento provisorio dentro del establecimiento.
Dispusieron también la creación de una Comisión de Crisis del Poder Judicial integrada por magistrados, fiscales y defensores del Poder Judicial, para trabajar de manera articulada, y programar acciones conjuntas tendientes a garantizar los derechos de las personas privadas de su libertad.

Finalmente, ordenaron  a la Jefatura de Policía del Chaco que remitan los listados actualizados de las personas alojadas en las comisarías de la provincia; los que serán puestos a disposición de los jueces provinciales.  En lo sucesivo, esas listas deberán ser actualizadas semanalmente conforme ingresos y egresos y remitidas al Comité de Crisis del Poder Judicial, además de ser proporcionadas a todos los funcionarios y magistrados provinciales que lo requieran.