El juez Sergio Victor Cosentino, a cargo del Juzgado Laboral N°1, autorizó la utilización de la “fuerza pública para la realización de la constatación del inmueble a subastar” ante las deudas que dejaron los empresarios.

Mariano Pedrero, abogado del Sindicato de Ceramistas, dijo que no se contempla la gestión obrera que se hizo cargo de la fábrica una vez abandonada e instó a que el gobierno llame al dialogo y que la legislatura trate el proyecto de expropiación de la fábrica.