Como una de las derivaciones de los hechos de violencia institucional ocurridos el 31 de mayo contra una familia qom, en la Localidad de Fontana, el Comité Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT), emitió un comunicado en el que se expresa al respecto. Para conocer detalles de esa situación, Marcela Vaquer de Radio Nacional Resistencia, dialogó con su Secretario Ejecutivo, Alan Iud: “esos sucesos nos causaron mucha preocupación, y en coordinación con el Comité del Chaco, vimos con beneplácito las medidas adoptadas por el gobierno provincial, pues el estándar internacional indica que los sujetos involucrados en hechos de tortura o delitos graves, hasta el esclarecimiento de los hechos, no sean reincorporados a sus funciones. En este caso estamos de acuerdo con esa medida, parece evidente que no podía ser de otra manera y destacamos que el gobierno provincial se haya constituido en querellante en la causa”, afirmó.

Iud afirma que el debate en la provincia acerca de la libertad, o no, de los implicados “motivó nuestra intervención, pues que se la otorgue puede ser considerada desde diferentes posturas, pero lo que sí creo que no es posible, es que se permita la continuidad delos implicados en las mismas funciones que desarrollaban, pues en ese sentido distintos organismo internacionales son contestes en que puede determinar una amenaza a familiares de las víctimas, como también posibilidades de entorpecimiento de la causa, y esa una forma de prevenir. Actuar 'como si nada pasa' es preocupante y propicia la posibilidad de su continuidad”, indicó.

Otro aspecto advertido por Iud es que en la justicia se intente encuadrar los hechos de tortura en una carátula que no tenga en cuenta su gravedad: “es una diferencia cualitativa que abre margen a cierta discrecionalidad porque muchas veces se intenta atorgar menos gravedad a los sucesos”, afirmó.
El profesional analizó los dichos del saliente Jefe de Policía del Chaco quien dijo que existen más de 900 policías con denuncias similares a la de los involucrados en los sucesos de Fontana: “no creo que esa totalidad haya sido denunciada por hechos de tortura o delitos graves, si fuese así, sería una situación extremadamente grave”, indicó y recordó que la separación en sus funciones, sólo se aplica en ese tipo de tipificación.