Este mediodía la títular de la Asociación de Magistrados de Chubut  Carina Stefania habló con Lu 4 Nacional Patagonia al respecto del comunicado emitido por el sector en el cual se expone la necesidad de llevar a los tres poderes de la nación el reclamo por salarios. "Desde marzo de 2018 venimos reclamando medidas para que se resuelva el atraso salarial, estamos en condiciones de que nos deban tres meses de sueldo, no tenemos ninguna noticia de que podamos recuperar esos salarios y más grave es la situación si tenemos en cuenta que no sabemos cuando nos van a pagar el sueldo de junio, eso nos genera un estado de zozobra. Recién lo escuchaba a un ministro decir que hasta ayer no tenían el dinero para pagar los salarios de junio".
En este punto, la magistrada recordó "hemos requerido en esta semana una reunión urgente con el gobernador y en conjunto con el Ministerio Público Fiscal y el Superior Tribunal de Justicia definimos que cursaríamos el reclamo a los tres poderes del estado nacional a ver si puede encausarse la crisis".
En cuanto a la respuesta del gobierno provincial, Carina Estefania expusó "pedimos una audiencia la semana pasada y no tuvimos respuesta, esta mañana el gobernador informalmente le adelantó que es probable que los convoqué al STJ y luego a los titulares de los MPF".
Este no será el primer intento por solicitar apoyo del orden nacional, la magistrada comentó que "en la última asamblea que tuvimos analizamos esta alternativa, remitimos una nota el Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación que fue contestado negativamente ante la posibilidad de mediar en este conflicto. Ahora también estamos trabajando en reunir información para hacer la presentación lo antes posible una ante la Corte Interamericana y otra la ONU".
Respecto, al pedido de juicio político al gobernador del cual se habló meses atrás "en algún momento, algun grupo de magistrados propuso esta alternativa y fue votado de manera negativa, tomó una repercusión diferente en el tema autarquía de ocurrir ello se podría dar una salida constitucional y no es lo que estamos planteando pretendemos poner en conocimiento al Poder Nacional sobre las dificultades para garantizar la tutela y el servicio de protección esencial, además del impacto en la salud y la educación para los niños de la provincia".