El presidente del Comité de Bioética de la Fundación Huésped y asesor del Ministerio de Salud, Ignacio Maglio, resaltó que hubo "mala praxis judicial" en el fallo de un juez que hizo lugar a una cautelar que obligó al Sanatorio Otamendi suministrar dióxido de cloro a un adulto que había contraído coronavirus y quien falleció.

“Se afectó la salud del paciente y el valor simbólico es negativo, podría ser perjudicial de manera colectiva”, declaró ya que un juez y un médico avanzaron con la aplicación de dicha sustancia.

Maglio reveló que ayer se realizó una denuncia en el Consejo de la Magistratura para pedir la sanción más importante para el magistrado que tomó la decisión. Mientras que el consultorio del médico que brindó el dióxido de cloro fue allanado.

“Promocionaba terapias sin sustento científico, alimentan el terraplanismo sanitario y en este momento de pandemia es peligroso”, declaró el asesor del ministerio y agregó: “Fue una desmesura y es un delirio hacer una acción contra el sanatorio”.