El tribunal integrado por los jueces Mariano Nicosia, Ivana González y Alejandro Rosales dio a conocer hoy al  mediodía las condenas a todos los acusados en la denominada Causa Revelación, con penas que llegan en algunos casos hasta los 7 años y medio de prisión, además de inhabilitación para ejercer cargos públicos, multas y la incautación de bienes.

Se trata de exfuncionarios públicos y un empresario investigado por maniobras de corrupción ocurridas entre 2015 y 2017, durante el gobierno del fallecido gobernador Mario Das Neves y en ese sentido, los jueces ya habían dado a conocer su veredicto de culpabilidad sobre el ex ministro Coordinador, Víctor Hugo Cisterna y el responsable de la Unidad de Gobernador, Diego Miguel Correa como organizadores de una asociación ilícita, mientras que los exfuncionarios Pablo Oca (ex ministro de Economía) , Alejandro Pagani (Obras Públicas) , Juan Martín Bortagaray (Instituto Provincial de la Viviena)  y Diego Lüters (Unidad Gobernador)  fueron hallados culpables de ser miembros de dicha asociación ilícita, entre otros.

En la audiencia realizada este mediodía por videoconferencia a raíz de las medidas dispuestas por la situación sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19, se dio lectura de las condenas fijadas, de las cuales surge que el exministro coordinador Víctor Cisterna fue condenado a la pena de 7 años y 6 meses de prisión, e inhabilitación permanente para ocupar cargos públicos; en tanto que Diego Miguel Correa fue condenado a 5 años y 6 meses, además de la misma inhabilitación.

En el caso de Pablo Oca, la pena impuesta fue de 3 años de prisión de efectivo cumplimiento, mientras que Alejandro Pagani recibió una condena de 4 años y 8 meses de prisión; una pena similar recayó sobre Martín Bortagaray.

En los tres casos también opera la inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de cargos públicos.

En el caso de Diego Lüters, el tribunal dispuso una pena de 3 años de prisión de efectivo cumplimiento, y una decisión similar se tomó para el caso de Gonzalo Carpintero Paterson, aunque a este acusado se le agregó una multa de $ 12.468.592 y la expropiación de una propiedad ubicada en el loteo Chacras de Bonorino de Trelew.

Para el único empresario que llegó a juicio, Martín Castillo, la pena impuesta fue de 1 año de prisión de cumplimiento condicional, además de una serie de obligaciones que debe cumplimentar por el lapso de dos años a partir de quedar firme la sentencia.

Hay que recordar que esta causa llegó a debate tras una extensa investigación en la cual una veintena de empresarios imputados originalmente en el caso accedieron a la suspensión del juicio a prueba (probation) para evitar ir a juicio, a cambio de hacerse cargo de la construcción de instalaciones o compra de equipamiento para uso de la ciudadanía, en distintos puntos de la provincia.