Stella Maris Córdoba, interventora del Instituto Provincial de la Vivienda de Tucumán, en diálogo con Norte Grande, afirmó que viene trabajándose con "mucho esfuerzo, a pesar de la pandemia le ponemos mucha fuerza. Si comparamos con los 4 años de macrismo, estamos muchísimos pasos adelante. Durante esa gestión no se entregó una sola vivienda en Tucumán" y recordó que se está trabajando en la protección de 3600 viviendas que forman parte del convenio firmado entre el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi y el gobernador tucumano, Juan Manzur. "Estamos contentos porque esto significa que muchos tucumanos tendrán, además de su vivienda, trabajo en la construcción", dijo.

"Todos los días sorteamos los obstáculos de la COVID19. No solamente al impedir el funcionamiento de las actividades presenciales, sino que también atravesamos la pérdida de amigos y familiares como millones de personas alrededor del mundo.  Cuando me hice cargo del instituto estaban abandonadas más de 2400 viviendas. Durante este año y medio que ha pasado hemos concluido obras de cloacas y vamos entregando más de 200 viviendas de esas que estuvieron paralizadas por el macrismo", repasó.

Córdoba señaló que "la provincia ha aportado más de 100 millones de pesos para que las empresas que han comenzado a construir esas viviendas puedan finalizarlas, refaccionarlas, retocarlas. Hay muchas casas que están en condiciones y otras que se están poniendo a punto para la entrega. Hemos tenido una experiencia muy linda porque durante los primeros días de la gestión mucha gente se ha manifestado por la falta de viviendas. Hemos construido relación con esos vecinos y formamos un vínculo de intercambio de información cotidiana".

La funcionaria sostuvo que el déficit habitacional "ha sido muy grande por el crecimiento demográfico y la demanda se acumuló hasta 2019. En el marco de este plan de 3600 viviendas, vamos a construir 800 en terrenos de la provincia, y trabajamos en la búsqueda de más espacios con los municipios" y marcó que "el ministro Ferraresi tuvo la lectura política de flexibilizar el acceso a la vivienda. Hasta el gobierno de Macri uno de los requisitos era cobrar de base 2 salarios mínimos vitales, y en ese contexto quedaban afuera empleados públicos, enfermeros y policías".