La diputada nacional Verónica Caliva repudió el desalojo de comunidades originarias de Salvador Mazza que ordenó el juez de Garantías de Tartagal, Nelso Aramayo, y recordó que la ley 26.160 prohíbe expresamente este accionar.

"No se puede tolerar el atropello de la justicia salteña que, en connivencia con intereses oscuros, terminan desalojando a las comunidades originarias de sus tierras habitadas ancestralmente, inclusive hasta con las carpetas de relevamiento técnico entregadas por el INAI (Instituto Nacional de Pueblos Indígenas), que son instrumentos jurídicos que el Estado Nacional entrega a cada una de las comunidades", afirmó.