El expresidente Mauricio Macri anunció poco después de su regreso al país que no se presentará mañana a prestar declaración indagatoria en la causa que se le sigue por supuesto espionaje ilegal a los familiares de tripulantes del submarino Ara San Juan.

"No me presentaré mañana hasta que los planteos que hará mi abogado sean resueltos para garantizarme el debido proceso y la defensa en juicio", afirmó el exmandatario en el último de una seguidilla de mensajes que publicó en su cuenta personal en la red social Twitter.

"Quiero ser claro: no tengo nada que ver con esta causa. Jamás espié ni pedí que se espiara a las familias vinculadas con la tragedia del ARA San Juan", aseguró el expresidente en su hilo de mensajes, en los cuales criticó al juez Martín Bava, quien lo citó a indagatoria.

Macri acusó a Bava de actuar en la causa a pesar de ser supuestamente "incompetente", lo cuestionó por citarlo a indagaría en medio de la campaña electoral y le achacó que le impidiera viajar con una prohibición de salida del país, una medida que fue apelada.

Macri se reencontró con su equipo de asesores y con su abogado Pablo Lanusse, quien horas antes había estado en Dolores leyendo el expediente, y fue allí que se terminó de cerrar la estrategia -aún no concretada en el expediente- de presentar un escrito para pedir una nueva postergación de la indagatoria.

La convocatoria a indagatoria al expresidente está prevista para mañana a la mañana, pero la idea del exmandatario es hacer llegar antes -a través de sus abogados o de forma telemática- un escrito en con el cual recusará al juez, cuestionará la investigación y, además, pedirá una nueva postergación.

Se trataría de su segundo movimiento en el expediente: el primero se produjo la semana pasada cuando firmó un escrito junto con Lanusse en el que declamó su "inocencia" y reclamó que quedara en suspenso la prohibición de salida del país que le impuso el juez Bava el 1 de octubre cuando lo convocó a indagatoria para el día 7, luego aplazada hasta mañana.

Macri está imputado por haber "ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias", entre diciembre de 2017 y fines de 2018, en contra de los familiares de los tripulantes del hundido submarino Ara San Juan, según el magistrado.

Las tareas supuestamente habilitadas por el expresidente habrían consistido en "la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de Derechos Humanos".

"Entre esas tareas de espionaje prohibidas por ley, se le imputa haber ordenado y posibilitado la realización de numerosas de ellas con el propósito de obtener datos personales e información de los familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan", según detalló el juez Bava en la resolución que emitió el 1 de octubre.

"Esas acciones buscaban influir en la situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los reclamos que realizaban los mismos por el hundimiento de dicho submarino y la consecuente muerte de sus familiares, como así también apuntaban a conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno, como la identificación de sus referentes", sostuvo el magistrado.

"Dichas tareas no contaron con autorización judicial alguna ni fueron justificadas por órdenes de servicio fundadas en razones de seguridad interior o defensa nacional y se realizaron, además, con el objeto de influir en la opinión pública, en esas personas y en el normal desenvolvimiento de las actividades de la agenda política de ese año, que según los criterios preestablecidos podían afectar a la gestión del entonces gobierno nacional encabezado por el ex presidente Mauricio Macri", explicó en otro pasaje de aquella resolución a la que accedió Télam.

"Es claro que estas acciones ilegales no fueron ejecutadas por los agentes de base que por motu propio realizaron este espionaje ilegal, sino por el contrario, partieron de un interés político nacional que, en el final de la cadena, respondía al entonces Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri", había asegurado el juez Bava.

Del expediente surge que los informes de inteligencia producidos por la AFI en relación a los familiares de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan habrían llegado hasta el propio expresidente, quien se habría nutrido de los mismos para adelantarse a los reclamos o pedidos que pudieran hacerle.

En este expediente ya fueron procesados los exdirectores de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, además de quienes estaban a cargo de la base Mar del Plata de esa agencia, a quienes el juez señaló como responsables de haber realizado maniobras de espionaje a sabiendas de que estaban prohibidas por ley.

Esta causa se inició hace más de un año a partir de una denuncia formulada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, luego de que dentro de ese organismo fueran halladas las pruebas del supuesto espionaje almacenadas en tres pendrives.