Jueces aceptaron la apelación de Urribarri y el resto de los condenados en el megajuicio por corrupción. Irán a la Cámara de Casación Penal.

El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, integrado por los vocales José María Chemez, Elvio Garzón y la vocal Carolina Castagno, concedió los recursos de apelación a ocho condenados en lo que se conoció como megajuicio por corrupción.

De ese modo, irán con recursos a la Cámara de Casación Penal de Paraná el exgobernador Sergio Urribarri; el exministro de Cultura y Comunicación Pedro Báez; el empleado estatal Gustavo Tamay; el empleado del Senado (y cuñado de Urribarri) Juan Pablo Aguilera y su esposa Luciana Almada; el diseñador gráfico Emiliano Giacopuzzi; la contadora Corina Cargnel; y el empresario Gerardo Caruso. Todos fueron penados el 7 de abril pasado, por delitos contra la administración pública cometidos entre 2008 y 2015.

Según se informó, tras las presentaciones defensivas contra las condenas el viernes 27 de mayo último, los jueces Garzón, Chemez y Castagno admitieron las apelaciones y habilitaron el camino a Casación Penal.

Los abogados que apelaron, los mismos que actuaron durante el juicio que se desarrolló desde septiembre de 2021 hasta abril de este año son Ignacio Estaban Díaz, José Raúl Velázquez, Raúl Enrique Barrandeguy, José Calendario Pérez, Juan Antonio Méndez, Marcos Rodríguez Allende, Miguel Ángel Cullen y por Emilio Fouces.

Cabe señalar que, al tiempo que presentaron las apelaciones, los defensores recusaron a los integrantes de la Cámara de Casación. Indicaron que los vocales Marcela Davite, Marcela Badano y Hugo Perotti ya rechazaron recursos defensivos previos, en el marco del expediente. Además, los defensores invocaron una nota firmada en apoyo a la procuradora Adjunta destituda, Cecilia Goyeneche.

Qué se juzgó
El megajuicio ventiló cinco causas acumuladas, vinculadas entre sí por las maniobras desplegadas, y las personas involucradas y el fin de la sustracción. Durante cinco meses, en los tribunales locales se expuso la prueba acumulada en lo que se conoció como "causa de las imprentas", a partir de la cual se estableció que se constituyó una empresa al calor de la pauta publicitaria y los beneficios de las vinculaciones con el poder político. Los jueces del tribunal dieron por acreditado que Aguilera es el real dueño detrás de Formato Urbano. Es fue, sin dudas, la causa más importante por el volumen documental y la extensión en el tiempo de las maniobras.

Por otro lado, se condenó la contratación de la empresa Global Means con el Estado provincial. Los jueces dieron por acreditado que la empresa no estaba en condiciones de ser contratada por el gobierno, ni siquiera figuraba en el Registro de Medios de la provincia cuando fue beneficiada con la colocación de cuatro avisos publicitarios en 2011 en dos medios porteños.

Por ultimo se ventiló lo que se conoció como "sueño entrerriano". Un expediente que acumuló tres causas: la instalación de un parador playero en Mar del Plata, en enero de 2015; la difusión de cuatro spots publicitarios en el marco de la Cumbre del Mercosur en Paraná, en diciembre de 2014; y la publicación en 18 medios gráficos del país de una solicitada contra los fondos buitre. Los jueces dieron por probado que todas estas contrataciones del Estado tuvieron como real objetivo la promoción de la precandidatura presidencial del exmandatario Urribarri.