El encuentro será para determinar los pasos a seguir luego de que la Corte Suprema de Justicia dictara una cautelar a favor de la Ciudad de Buenos Aires sobre la proporción de los fondos de coparticipación. El presidente Alberto Fernández recibirá por segunda vez a gobernadores para analizar los pasos a seguir en el pedido de juicio político que impulsará contra el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.
El domingo por la mañana, antes de viajar a Brasil para participar de la asunción presidencial de Luiz Inácio "Lula" Da Silva, Fernández anunció que la decisión de impulsar un pedido de juicio político contra el titular de la Corte Suprema -también presidente del Consejo de la Magistratura- contaba con el respaldo de gobernadores.
En una carta pública difundida en el primer día del año, el mandatario agregó que se pedirá que "se investiguen las conductas de los restantes miembros del máximo tribunal".
"He convocado a los señores gobernadores que acompañaron al Estado Nacional en su planteo contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, en conjunto, impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti", afirmó el mandatario a través de una carta que difundió la Casa Rosada.
En Verano 2023, la periodista de Radio Nacional Resistencia Marcela Vaquer expresó que "buscan defender algo que los gobernadores ya vienen anticipándose hace bastante tiempo" y señaló que "son muchos los que se sumaron al rechazo del fallo". "Capitanich fue uno de los primeros que reaccionó inmediatamente", dijo.
Además, en una entrevista con C5N en Brasil, Fernández expresó su "preocupación por lo que ha pasado en los últimos meses, ya que hubo un permanente avance de la Corte Suprema sobre los otros poderes de la República Argentina y la república exige tres poderes independientes".
"Lo que hizo la Corte con el tema coparticipación de la ciudad de Buenos Aires se convierte en un hecho de intromisión" de la justicia, consideró.
Y apuntó a Rosatti al decir que, además de ser titular de la Corte, "tiene la particularidad de ser presidente del Consejo de la Magistratura, consecuencia de que declaró la inconstitucionalidad de una ley con más de 16 años de vigencia que había sido aprobada por el Congreso".
Aseguró que tomó personalmente la resolución de impulsar el juicio político a Rosatti porque "estoy absolutamente convencido, planteé que la justicia se revise a sí misma y esperaba que hiciera algo, pero evidentemente no lo hace y hemos llegado a una situación límite. Es una decisión que yo tomé".
El conflicto está planteado por el fallo en el que la Corte Suprema de Justicia dispuso que el Gobierno nacional le pague a la ciudad de Buenos Aires el 2.95% de la masa de impuestos coparticipables, dando lugar al reclamo que había iniciado la administración que conduce Horacio Rodríguez Larreta.
Tras ese fallo, 18 gobernadores -con matices- rechazaron lo decidido por la Corte y denunciaron que se trataba de una regresión en el sistema federal de gobierno.
En tanto, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, presentó una denuncia contra Silvio Robles, estrecho colaborador del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, por supuesto "tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público" ante las filtraciones de chats que mostrarían un vínculo entre el Gobierno porteño y ese tribunal.
En sus redes sociales Zamora dijo que hizo una denuncia penal ante el Fiscal Federal en turno de Santiago del Estero contra "el Dr. Silvio Federico Robles, vocero del presidente de la CSJN, por los S.D. de tráfico de Influencia e incumpliendo de los deberes de funcionario público, atento a la publicaciones periodísticas que han generado gran conmoción pública, sobre filtraciones de chat donde se habría arreglado el fallo a favor de CABA por el índice de coparticipación federal".
Zamora solicitó "como cautelar la inmediata entrega de sus teléfonos de uso oficial" y otros que usa habitualmente para someterlos a pericias y lograr "la pronta aclaración de esta situación que está generando una gravedad institucional sin precedentes".
"Hoy no solo vemos amenazado un pilar fundamental de la Nación, que es el federalismo, sino que, además frente a este hecho, se ve en crisis la institucionalidad misma del país y la vigencia del estado de derecho", alertó.
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