El presidente del Directorio del IPV, Damián Salamone, explicó en qué consiste el convenio firmado con la Nación para la construcción de viviendas, con intervención del Estado y de privados.

El funcionario provincial detalló que “una parte está destinada a familias que tienen menos de dos salarios, lo que sería financiamiento del Estado y aquel financiamiento que es a través de desarrolladores, es para familias de más de dos salarios. Es decir que el mix también contempla las distintas variables, de acuerdo a la capacidad de ingresos de su adjudicatario. Es una variante público privada, orientada a desarrolladores, que se llaman conjuntos integrados urbanos y en este mix entre público y privado contempla que el desarrollador haga la propuesta en la que  tiene que ceder un tercio de las unidades habitacionales que el desarrollo permita, a vivienda social, eso es 100% financiamiento del Estado, es decir que ese porcentaje se hará a través del IPV, con financiamiento provincia- nación, con el mismo componente que el resto de la vivienda social que conocemos habitualmente. Y los dos tercios restantes; el desarrollador adquiere un crédito puente que le permitirá llevar a cabo la obra en forma simultánea con el tercio que se otorga a vivienda social, tomando información de la base de datos de beneficiarios que tiene cada municipio. Los dos tercios restantes –explicó Salamone- son aquellos que califiquen para la toma de un crédito hipotecario y ahí se cancela el crédito del desarrollador, haciendo hipotecas individuales para cada uno de los postulantes hasta que se conviertan en beneficiarios a través de una hipoteca que permitirá a cada una de esas familias, que son de dos a cuatro salarios, no así la vivienda social, que es de cero a 2 salarios, tomar un crédito hipotecario a 30 años en UVA (Unidad de valor adquisitivo) con una tasa fija del 3,5 % si es Banco Nación y un punto más si es otro banco”.