Por primera vez en la historia judicial argentina, cuatro personas se sientan en el banquillo acusadas de cazar y matar a un yaguareté silvestre, una de las especies más emblemáticas y amenazadas del país.

El juicio comenzó este martes en el Juzgado Federal N.º 1 de Formosa y se extenderá hasta el jueves, con un objetivo claro: que haya una condena ejemplar que marque un antes y un después en la protección de la fauna silvestre.

El caso conmocionó al país en julio de 2024, cuando en la localidad rural de Estanislao del Campo, cuatro hombres –Walter Hugo Ponce De León, Claudio Cisneros, Viterman Ponce De León y Máximo Cisneros– mataron a uno de los últimos cinco yaguaretés que quedaban en la provincia.

Las imágenes del animal colgado, despellejado y exhibido en redes sociales desataron indignación y aceleraron la intervención de la Justicia.

En una coincidencia inédita, la querella está impulsada de manera conjunta por la Administración de Parques Nacionales, la Fiscalía de Estado de Formosa y la Fundación Red Yaguareté, que por primera vez participa como querellante en un caso de este tipo.

“Ya es un juicio histórico, aunque no haya condena. Pero lo que esperamos es una sentencia ejemplificadora que demuestre que matar a un Monumento Natural tiene consecuencias reales”, remarcó Nicolás Lodeiro Ocampo, director ejecutivo de la ONG.

La causa está caratulada como caza de animales silvestres cuya captura está prohibida, agravada por la participación de tres o más personas.

La ley prevé penas de hasta tres años de prisión, pero nunca antes en la Argentina se aplicó una condena firme por la matanza de un yaguareté.

Según el expediente judicial, todo comenzó con la desaparición de una vaca lechera. Al buscarla, los acusados encontraron su cadáver y, cerca, al yaguareté alimentándose.

Alegan que el felino atacó a sus perros y que actuaron por miedo, creyendo que se trataba de un puma. Claudio Cisneros fue quien efectuó el disparo fatal, aunque la Justicia considera que todos son responsables.

Tras la muerte del animal, los cuatro se fotografiaron junto a él. Las imágenes llegaron rápidamente a organizaciones ambientalistas, que confirmaron que el ejemplar estaba registrado y monitoreado.

Su muerte redujo a solo cuatro la población de yaguaretés en Formosa y a menos de 20 en toda la región chaqueña.

Tres de los imputados llegan al juicio con arresto domiciliario y salidas laborales autorizadas. En una reciente entrevista, insistieron en que no son cazadores y que se defendieron.

“Era él o nosotros”, sostuvo uno de ellos. Sin embargo, para la querella no fue un accidente: “No existen prácticamente ataques si no hay una situación de agresión previa. Lo que ocurrió puede pasar, pero no es la norma”, advirtió Lodeiro Ocampo.

El yaguareté está protegido por la Ley 25.463, que lo declara Monumento Natural Nacional, y por convenios internacionales como Cites. Pese a ello, su población sigue en declive por la caza furtiva, la pérdida de hábitat y la deforestación: en 2024, el norte argentino perdió 119.886 hectáreas de bosque nativo.

Para ambientalistas, el proceso judicial es un punto de inflexión: “Nos cansamos de ver causas que se archivan sin consecuencias. Si se sienta un precedente, no va a ser tan fácil matar a una especie en peligro y seguir como si nada”, afirmó Lodeiro.

La Red Yaguareté y otras organizaciones buscan modificar la Ley Nacional de Fauna N.º 22.421, que data de 1981 y establece penas que consideran irrisorias frente al daño ambiental.

“Queremos que les apliquen la pena máxima, aun cuando después queden libres. Así podremos presionar para que el Congreso trate la reforma y suba las penas”, planteó Lodeiro.

Más allá del resultado, el juicio de Formosa ya es historia: es la primera vez que el país se enfrenta a la pregunta de qué valor le da, realmente, a proteger a sus especies más amenazadas.