El Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand indicó que entre el 1 de septiembre y el 4 de octubre, se produjeron 2400 amenazas de bomba en escuelas bonaerenses. Consideró que “no existiría una conducción unificada en estos episodios” y resaltó que se trabaja desde la justicia y el poder político para investigar los hechos. Por otra parte, señaló que se trata del delito de intimidación, con una pena máxima de seis años.