Mendoza participó en la rúbrica de la política minera nacional unificada luego de meses de trabajo entre Gobierno nacional y provincias. Con nuevos estándares ambientales, sociales y de transparencia, el pacto respeta la autonomía de las provincias sobre la minería que decidan desarrollar.

Con la firma del Presidente Mauricio Macri y de los 20 gobernadores, Argentina tiene un nuevo Pacto Federal Minero, que remplazará el antiguo tratado, que data de los años 90, para el desarrollo de la minería.

El Subsecretario de Energía y Minería de Mendoza, Emilio Guiñazú en diálogo con LV4 destacó que el acuerdo no se contrapone a la Ley 7722.

“Analizando la experiencia que la actividad ha dejado en la Argentina y obviamente sumando eso a la experiencia internacional que es muy rica ala respecto, la Nación y las provincias llegan a la conclusión de que si bien la minería había desarrollado un grado de desarrollo, tenía varias materias pendientes y ello debía ser abordado en un documento que tuviera el mismo peso específico que tenía el pacto del 93 y que abordara los 3 o 4 temas importantes que la minería tiene que resolver: los temas ambientales, los temas de transparencia en el uso de los recursos, los temas del desarrollo social y los temas de infraestructura”.

Sierra Pintada

En relación a la explotación localizada en el Sur provincial Guiñazú dijo que “lo primero que tenemos que hacer es remediar lo que dejó la minería con antiguos paradigmas. La provincia va a respetar lo que dice la ley. De ninguna manera está prevista la reapertura de Sierra Pintada”.

A la rúbrica que realizó Macri a mediados de abril del acuerdo federal que garantiza el abastecimiento energético se incorpora el pacto minero que revisa el tratamiento que durante los últimos 20 años se le dio al desarrollo de la minería moderna en Argentina y propone los nuevos estándares ambientales, de transparencia y control en la utilización de los recursos provenientes de la minería para las provincias.

El subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú, explicó: “El acuerdo busca mejorar y unificar estándares en el desarrollo de la actividad, siempre otorgando libertad de acción a cada una de las provincias que seguirán siendo las dueñas del recurso y decidiendo cómo y cuándo explotarlo”. De esta manera, queda asentado que el nuevo pacto no se interpondrá sobre las autonomías provinciales en lo que respecta al tipo de minería elijan realizar y, en el caso de Mendoza, no promueve que se modifique la Ley 7722, en consonancia con la propuesta de política minera provincial.

Por otro lado, el subsecretario destacó que el pacto nacional complementa la política minera de la provincia: “Lo importante del pacto es que las provincias se comprometen a explotar los recursos de manera sustentable y genera herramientas a nivel nacional para desarrollar los programas que estamos instalando en Mendoza. Sin lugar a dudas, este pacto significa una oportunidad para la provincia”.

Haciendo hincapié en la transparencia en el uso de los recursos fiscales provenientes de la minería, el nuevo pacto busca que los beneficios de la actividad minera permanezcan mayormente en las regiones que reciben el impacto y no vayan directamente a las arcas centralizadas del Gobierno, donde muchas veces son utilizados para gastos corrientes y no para inversiones que promuevan el desarrollo sustentable.

En lo que respecta a las regalías, el funcionario explicó que se modificará la base del cálculo que fue determinado en la década de los 90, y pasará del 3% del valor “boca mina” (el mineral extraído previo a cualquier proceso de transformación), al 4,3% sobre el precio de venta, lo que se traduce en un incremento del 70% en el monto que reciben las provincias por explotación.

Asimismo, mediante la creación de un fideicomiso alimentado con el 1,5% de la facturación de las empresas, el pacto generará fondos de infraestructura para el progreso de las localidades que serán explotadas y promoverá la generación de programas previos y posteriores al desarrollo, tanto para reducir el impacto que tiene la llegada de la minería en las comunidades como para prevenir los problemas que se generan tras el cierre la actividad temporal.

“También contempla resolver el cierre de minas y trabajar en aspectos sociales y económicos de las comunidades una vez que haya finalizado la explotación, que fue un ítem que no estuvo adecuadamente regulada ni contemplada en el pacto anterior”, puntualizó Guiñazú.

Trabajo interprovincial

El desarrollo del acuerdo se concreta luego de meses de trabajo en el Consejo Federal de Minería (Cofemin) entre representantes de las 23 provincias, legisladores nacionales y de las cámaras empresarias del sector, donde se debatieron todos los ítems que fueron considerados como pertinentes para el desarrollo de la actividad, desde armonizar la preservación ambiental, la política impositiva, los controles desde la Nación y las provincias, hasta la renta producto de la actividad y la responsabilidad comunitaria.

Luego del consentimiento por los representantes gubernamentales, el pacto superó una instancia más en el desarrollo de esta política luego de aprobar determinadas modificaciones  solicitadas por el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) en el desarrollo del acuerdo.

Por otro lado, el Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía analizó el contenido del documento y destacó que determinados atributos como control (5), ambiente (33), sustentable (7), empleo (8), producción (6) y auditoria (2) se repiten constantemente demostrando la abundancia de detalle en el tratamiento de estos contenidos.

Minería en Mendoza

La elaboración de la Política de Estado para la minería ha sido la prioridad del Gobierno de Mendoza en lo que se refiere al desarrollo de la actividad. Con la creación de los Espacios de Diálogo Mineros para un desarrollo sustentable, que fueron desarrollados durante tres meses, el Gobierno garantizó que todas las partes involucradas tuvieran la posibilidad de plantear posturas para lo que se convirtió en las bases del documento preliminar de la política estatal que se encuentra a disposición en el sitio de internet oficial.

Luego de que en diversas oportunidades fuera tema de debate la necesidad de revisar la reglamentación de minería de tercera categoría, surgió la primera acción concreta del Espacio de Diálogo, esto es el impulso a la modificación de la Ley provincial 8434, con el objetivo de regular el otorgamiento de permisos de extracción de estos minerales.

Esta gestión, a través de la Dirección de Minería, ha trabajado en la regularización de canteras que operaban en el territorio provincial. Con la realización del censo minero provincial 2016, se detectaron 139 establecimientos que presentaban irregularidades, de los cuales 73 fueron rescatados de su caducidad, 8 continúan en proceso de evaluación y 58 fueron anulados por la Policía Minera. Finalmente, se realizó una denuncia penal a un canterista de tercera categoría que, habiendo sido clausurado su establecimiento, violentó el cierre determinado por la Autoridad de Aplicación.

Durante junio y julio de este año, Mendoza participará en la elaboración del censo minero nacional 2017 para evaluar la capacidad de producción y el estado en el que se encuentran las plantas de tratamiento y minas de segunda y tercera categoría que se ubican en el territorio provincial.

Asimismo, las gestiones del Gobierno junto con la empresa Vale lograron ofrecer una solución a la compleja situación que atraviesa la mina Potasio Río Colorado. La reingeniería del proyecto y el apoyo de la provincia a la reactivación de la mina, mediante las propuestas para reducir costos de inversión y operación para devolver factibilidad al proyecto. Se busca que Potasio Río Colorado se proyecte como uno de los productores más competitivos dentro del mercado y así pueda pugnar con aquellos proveedores que ya son parte de la oferta mundial.