Autoridades legislativas de Puerto Iguazú, la Policía de Misiones, Prefectura, Gendarmería y Dirección de Tránsito de la municipalidad se reunieron para tratar la problemática de la venta ilegal y contrabando de combustible.

El juez de instrucción de Puerto Iguazú, Martín Brites, comentó que si bien el acopio tiene competencia federal, si le corresponde al Juzgado de Instrucción N3, investigar los hechos de incendios de vehículos.

La reunión fijó objetivos para “coordinar trabajos como para que en las eventuales intervenciones de cualquier fuerza de seguridad, no se circunscriban solamente a lo que hace el incendio propiamente dicho, sino a lo que tiene que ver con acopio y demás”, comentó el juez. Además explicó que “si el hecho es de tipo culposo, por impericia, corresponde hasta un año de prisión. De ser doloso llegando a los 20 años de prisión en caso de que se produzca alguna muerte”.

Acerca de la causa de la explosión de un camión cisterna con 36 mil litros de gasoil descargando en una zona no autorizada, comentó que los dos detenidos: el cuidador del lugar y el conductor del camión, “pagaron una fianza de 5 millones de pesos y fueron liberados pero la causa continúa”.

La venta ilegal y contrabando de combustible se intensifica en Puerto Iguazú y cada una de las ciudades fronterizas debido a que las simetrías cambiarias favorecen la compra por parte de extranjeros que demandan cada vez más.