Se trata del fiscal de Guayas, César Suárez, que tenía a cargo varias causas contra grupos del narcotráfico e investigaba el copamiento a un canal de TV de la semana pasada. En el marco de la violencia que atraviesa Ecuador, el fiscal fue asesinado a balazos por desconocidos.

Estaba al mando de dos investigaciones emblemáticas: una por delincuencia organizada vinculada al narcotráfico, que la prensa local llamó “caso Metástasis” y en la que fue detenido en Panamá uno de los principales acusados, Daniel Salcedo; y, por otro, la toma del canal público de Guayaquil en medio de un noticiero el martes de la semana pasada.

Según los primeros datos del asesinato, Suárez se dirigía desde la policía judicial hacia la unidad de justicia del Albán Borja, para una audiencia.

El Gobierno del presidente ecuatoriano Daniel Noboa, en "guerra" abierta contra el narcotráfico, condenó anoche el asesinato de Suárez.

"Rechazamos toda forma de violencia como respuesta al conflicto que vivimos" y "ratificamos el fuerte compromiso del Gobierno nacional en apoyar a las instancias de la administración de Justicia", dijo el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, en un video difundido en redes sociales.

Guayaquil, la ciudad más poblada e importante de Ecuador, se ganó hace años también la etiqueta de la más violenta, porque bandas del narcotráfico se disputan sus calles y hasta el puerto, una salida estratégica hacia el Pacífico.

"Ante el asesinato de nuestro compañero César Suárez (...) voy a ser enfática: los grupos de delincuencia organizada, los criminales, los terroristas no detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana", dijo la fiscal general, Diana Salazar.

La propia Salazar denunció hace diez días que existía un plan para matarla, iniciativa que atribuyó a Fabricio Colón Pico, líder de Los Lobos, detenido poco después pero fugado apenas unos días más tarde.

Esa fuga, y la anterior de Adolfo Macías, alias Fito, líder de Los Choneros, terminaron por decidir a Noboa a dictar el estado de excepción en todo el país por 60 días, con toque de queda nocturno incluido.

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