El gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, se comunicó con el director de la Superintendencia de Servicios de Salud de Nación, Daniel López, a quien solicitó celeridad en las gestiones pertinentes para dar respuesta a los prestadores de servicios de personas con discapacidad.

En ese marco para dar continuidad a la agenda de tema que viene trabajando la provincia, el secretario General de la Gobernación, Franco Ferrari, y la directora del Instituto Provincial de Discapacidad, Inés Artusi, dialogaron hoy con prestadores de servicios de personas con discapacidad.

Al término del encuentro, Artusi confirmó que “el gobernador se comunicó con el titular de la Superintendencia de Servicios de Salud para solicitarle la pronta tramitación de los pagos a los prestadores”.

“Estamos en diálogo permanente con los prestadores de servicios para personas con discapacidad, por eso fuimos a encontrarnos hoy a la plaza y los recibimos luego en Casa de Gobierno, al tiempo que el gobernador realizó las gestiones ante las autoridades nacionales. Propusimos establecer un ámbito de trabajo en la provincia para poder canalizar el pedido ante el gobierno nacional y llegar a una solución lo más rápido posible”, agregó.

Del encuentro también participó Carina Muñoz, del Ministerio de Salud de la provincia. En ese marco, la titular del Iprodi remarcó que “el conflicto reviste complejidad ya que intervienen varias instituciones nacionales”, y explicó que “las prestaciones son financiadas a través del Fondo Solidario que se compone por el aporte de las obras sociales y del Estado nacional”.

“Frente a los retrasos en los pagos, hemos gestionado junto a otras provincias ante la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el programa Incluir Salud y la Superintendencia de Servicios de Salud”, detalló Artusi y contó que “también impulsamos junto con otras provincias que se contemple la inclusión de las obras sociales provinciales en la discusión del nomenclador de discapacidad”.

En esa línea, la titular del Iprodi afirmó que “queremos que las autoridades que toman las decisiones en este caso comprendan las necesidades de las instituciones prestadoras de los servicios en las provincias, y en especial, la situación de las familias de personas con discapacidad, que atraviesan mucha angustia con todo esto”.

Seguidamente, resaltó que “la protección de los derechos de las personas con discapacidad es una prioridad para el gobernador y nuestra gestión”, y sostuvo que “lo más importante es reducir el tiempo de respuesta a los reclamos y avanzar en una coordinación que impida que vuelva a suceder”.

“Las provincias nos hacemos eco del problema que atraviesan prestadores y familiares, y buscamos coordinadamente las formas para agilizar los mecanismos de pago, encontrar una solución y garantizar el derecho de las personas con discapacidad”, concluyó.