Alrededor de 15 millones de chilenos y chilenas quedaron habilitados para votar desde las 8 hora local (las 9 en la Argentina) para decidir si aprueban o rechazan el proyecto de nueva Constitución que busca poner fin a la escrita durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet (1973-1990), pero que podría seguir vigente si gana la segunda opción, como anticiparon las encuestas.

La capital, Santiago, amaneció fresca con un poco menos de 10º, aunque se espera calor durante la jornada, por lo que, sumado a la obligatoriedad del sufragio, muchos centros electorales comenzaron rápidamente a poblarse con filas de votantes.

Algunas restricciones sanitarias por la pandemia del coronavirus continúan en el país, por lo que los electores tiene que asistir con barbijo y en el ingreso de los centros de votación le aplican alcohol en gel en las manos.

Actualmente, Chile se rige por la Constitución pinochetista de 1980, que tuvo una importante reforma en 2005, durante el Gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), pero que fue el centro de los reclamos ciudadanos en el estallido social de octubre de 2019, que llevaron a un acuerdo entre casi todos los sectores políticos para redactar un nuevo texto constitucional.

La propuesta de nueva Constitución, escrita por 154 convencionales constituyentes elegidos con la participación de los pueblos originarios, busca establecer en sus 388 artículos en 178 páginas un Estado de bienestar en el país.

Entre los cambios principales, Chile pasaría de ser una “república democrática” a una “democracia paritaria”, asegurando que las mujeres ocupen al menos el 50% de todos los órganos del Estado.

También define al país como un Estado Plurinacional e Intercultural, con el reconocimiento de 11 pueblos, que tendrían sus respectivas autonomías regionales indígenas y sistemas jurídicos de los pueblos indígenas con respeto a la Constitución.

El nuevo texto propone cambios en el Sistema Político, permitiendo al presidente ser reelegido por una vez, la eliminación del Senado que será reemplazado por una Cámara de las Regiones, que tendrá menos poder y la facultad de elaborar leyes acotadas a acuerdos regionales, mientas que la cámara baja pasaría a llamarse Congreso de Diputados y Diputadas y tendría mayor poder en la formación de leyes, lo que da cuenta de dos cámaras con poder asimétrico.

Con la nueva propuesta Chile se define como un “Estado Social y Democrático de Derecho”, garantizando derechos sociales, como educación, salud, vivienda, trabajo y pensiones.

También propone cambios con respecto al aborto, ya que indica que el Estado debe asegurar las condiciones para un embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos, y para una interrupción voluntaria del embarazo.