La directora ejecutiva del Centro de Estudios Estado y Sociedad (Cedes), Mariana Romero, habló sobre los resultados del monitoreo del Proyecto Mirar en el cumplimiento de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Según el último documento, la ciudad de Buenos Aires, Jujuy y Salta son las jurisdicciones con la tasa más alta de aborto: 13 cada 1.000 mujeres en edad fértil. Las tasas más bajas corresponden a Corrientes, Chaco y Misiones, con 3 veces menos durante 2022.

-Hay un conjunto de factores para la diferencia entre algunos lugares del país. Buenos Aires venía con una política pública y partió de un piso alto. Otras provincias crearon teléfonos gratuitos, comunicaron a qué centro acercarse, las campañas en redes sociales del Estado Nacional… Esos son factores que ayudan a que la gente acceda a la información –agregó la médica.

Además aclaró que las obras sociales y las prepagas tienen obligación por ley de prestar los servicios.

-Hay un número de denuncia en la Superintendencia de Salud (0800-222-72583) para quienes tuvieron problemas y la Superintendencia también tiene un servicio de control sobre esto.

También advirtió que si bien no existe una intención de anular la ley por parte de aquellos que están en contra de la IVE, existe “el 0800 de Más Vida en donde se da información confusa, hostigamiento en hospitales a personas que se acercan a recibir servicios o como sucedió en la provincia de Santa Fe en donde un personal de salud, con el aval de la Justicia, empezó a convocar a mujeres a retirar fetos inclusive de abortos espontáneos que ocurrieron hace años y que esta persona había conservado en un armario…”.

Por eso entiende que “hay que estar atentos: que no decaiga la Educación Sexual Integral (ESI), que la cartelería y la información en el servicio público esté visible y que la producción pública de medicamentos y la distribución se continúe haciendo tanto de anticonceptivos como de insumos para interrupción voluntaria y legal de embarazo. Eso no debería cuestionarse para que se siga implementando la política pública de interrupción voluntaria del embarazo”.

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