El Gobierno nacional presentó una medida cautelar para que las empresas de transporte "cumplan sus obligaciones" respecto al derecho de las personas con discapacidad a "viajar gratis en transporte de media y larga distancia".

El recurso judicial, impulsado por la Secretaría de Transporte a través de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), se suma a las más de 350 sanciones y 1.000 intimaciones que ya fueron dirigidas a las empresas de transporte, según se informó oficialmente.

"Vamos a ir hasta las últimas consecuencias para controlar que el derecho de las personas con discapacidad se cumpla", aseveró esta mañana a través de la red social X el secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta.

A través de la medida cautelar, el Gobierno nacional solicitó que la justicia ordene a la Cámara Empresaria de Transporte Interurbano en Jurisdicción Nacional de Pasajeros (Celadi) que revea su incumplimiento al sistema de protección integral de las personas con discapacidad.

El objetivo principal de los controles es que las empresas "cumplan con la obligación de emitir pasajes para las personas con discapacidad" y que los usuarios puedan viajar de manera gratuita en transporte de media y larga distancia.

Este derecho "sigue vigente y no fue modificado con la desregulación del transporte automotor", indicó la cartera de Transporte a través de un comunicado de prensa.

"Desde el Gobierno Nacional se seguirá velando por ese derecho y se controlará que se cumpla la obligación que tienen las empresas de ofrecer esos servicios", añadió.

El pasado 6 de octubre, el Gobierno avanzó en la desregulación del transporte automotor de media y larga distancia con el objetivo de avanzar en "la liberalización, modernización y desregulación del transporte automotor de pasajeros y su adaptación a la dinámica de transporte actual".

La medida contempló la creación del Registro Nacional del Transporte de pasajeros, de acceso público, sin costo y online, para una mayor comodidad del transportista, el ahorro de tiempo en la gestión de trámites burocráticos y una mayor transparencia.

También libre establecimiento de recorridos, horarios, precios y duración de los servicios por parte de los transportistas.

Esta medida comenzará a implementarse pasados los 60 días de su oficialización, cuando se realicen las actualizaciones tecnológicas necesarias.