El concejal de la ciudad de Resistencia por la Unión Cívica Radical, Carlos Salom, dialogó con el programa Demasiada Tarde, por Radio Nacional Resistencia, sobre la postura del intendente local Gustavo Martínez, de desobedecer al menos dos fallos judiciales que obligaron al Municipio a dar marcha atrás con las ordenanzas que aprobaron la suba de tributos municipales y la toma de créditos por 800 millones de pesos.

“Hay una desobediencia del Ejecutivo municipal a una orden clara y precisa e imperativa del Poder Judicial en virtud de que se debería derogar la ordenanza 13.258 por lo que nosotros planteamos aquel 17 de diciembre que se llevó a cabo la votación y que lamentablemente fuimos desoídos, porque el bloque de la UCR fue el único que no acompañó la Ordenanza General Tributaria”, explicó el concejal del radicalismo.
“Han pasado tantos meses y existe todavía una gran incertidumbre en todos los vecinos de Resistencia debido a este impuesto confiscatorio por donde se lo mire y que no sabemos exactamente cómo va a terminar”, reflexionó.
En ese contexto, el concejal advirtió que “si se deroga la ordenanza (declarada inconstitucional) la que queda en vigencia es la inmediata anterior en la cual el incremento es de un 45 por ciento de todos los impuestos en la ciudad de Resistencia que nos parece a nosotros algo más justo”.
Por otro lado, el edil se refirió a otro fallo judicial que declaró inconstitucional una ordenanza mediante la cual la mayoría del bloque oficialista aprobó una autorización al Municipio para contraer créditos por 800 millones de pesos. En ese sentido, Salom explicó: “nosotros decidimos acompañar un crédito por 250 millones de pesos y la mayoría votó por 400 millones. No son cifras menores. Esos 400 millones de pesos autorizaba el Concejo Deliberante”.
Sin embargo, recordó que “el intendente vetó parcialmente esa ordenanza y la devuelve con esa ‘agachadita política’ haciendo una suerte de que nosotros nos equivocamos y que en realidad teníamos que votar dos créditos por 400 millones de pesos lo que sumaría 800 millones. Obviamente, ese no era el espíritu que tenía el Concejo de modo que se rechazó y la justicia después nos dio la razón”.