Al tomar conocimiento de la difícil situación por la que atraviesan mujeres trans y travestis en la ciudad de Mar del Plata, agravada por la actual pandemia, desde la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de esa ciudad y la participación de la encargada de la Oficina de Coordinación de Asistencia a Víctimas, Mila Montaldo, se convocó a un espacio de trabajo a los gobiernos municipal, provincial y nacional, junto con las organizaciones de la diversidad, para avanzar en la restitución y reparación de derechos de la población travesti trans. Para conocer en detalle los alcances de esa iniciativa, Noelia Moreyra de Radio Nacional Resistencia,  dialogó con Mila Montaldo, (oriunda del Chaco): “es una temática muy compleja por la discriminación histórica que tiene este sector y que, en el marco de la pandemia, expone la pobreza y miseria que atraviesa transversalmente a una sociedad que muchas veces, por prejuicios y apreciaciones subjetivas, no acepta las disidencias existentes. Restituir derechos no sólo es tarea del Ministerio Público Fiscal, sino que tiene que ser un trabajo con los poderes del Estado”, señaló.

La funcionaria afirma que en Mar del Plata, por sus características de ciudad turística, la prostitución y la trata de personas, son un problema endémico y que con la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio: “verificamos que muchas personas no lo cumplían y no lo hacían, por una cuestión de supervivencia, pues son integrantes de este sector tan vulnerable, como lo es el de personas travestis y trans. Entonces abordamos el problema pero no desde lo punitivo, y eso significó trabajar mucho con las fuerzas de seguridad para que no repriman, como también el tomar contacto con esas personas, para hacerles saber que existe un Estado presente que se ocupa de ellas”.
Los principales inconvenientes que presenta el sector son los de radicación, pues la mayoría no tiene regularizada su situación migratoria y no posee documento argentino, y eso las expone a situaciones de violencia callejera y social, y uno de los objetivos es que una vez solucionado ese problema puedan recibir los beneficios que brinda el Estado, a través de los organismos existentes.
“Nosotros hemos convocado a un espacio de trabajo, en el que nos propusimos dos objetivos: la asistencia alimentaria y la regularización migratoria. Las organizaciones del colectivo se constituyeron en un Comité de Emergencia que comenzó a recolectar ayuda para una asistencia directa. En lo mediato nos proponemos dar capacitación a las fuerzas de seguridad y al personal de la administración municipal y provincial, e integrar a esta población al Estado, pues hasta ahora no está incluido. Ojalá que este trabajo pueda ser replicado en términos sociales, más allá del Estado provincial y nacional”, finalizó la funcionaria.