La iniciativa del gobierno de Gerardo Morales es criticada por vastos sectores sociales y políticos, por suprimir las votaciones legislativas cada dos años, la discrecionalidad que le da al Ejecutivo en acciones como el manejo del litio, pero sobre todo, en la criminalización de la protesta.

En el día de ayer el mandatario cambiemita derogó el decreto 8464/23, por el que se aumentaba las multas a cifras millonarias para quien realice una manifestación pública, abriendo la posibilidad de dejar cesantes a trabajadoras y trabajadores estatales que realizaran una medida de fuerza.

Natalia Morales, perteneciente al PTS, por el Frente de Izquierda, se refirió a la situación que, por estas horas, vive la sociedad jujeña.

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