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La Coodinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) presentó en los últimos días un informe donde detalla el recrudecimiento de las fuerzas de seguridad contra trabajadores, jóvenes y adolescentes de clases populares, y colectivos como el LGTTBIQ+, así también como en instituciones de encierro en el marco de pandemia a lo largo y ancho del país.
Mañanas de Sol dialogó con la abogada referenta de la organización, María del Carmen Verdú, para analizar la continuidad de las prácticas represivas en democracia y su refortalecimiento en las tareas de control del aislamiento, preventivo, obligatorio y social a lo largo y ancho del país.
Ya desde 2019, en pleno apogeo "Doctrina Chocobar - Bullrich", Correpi denunció que en Argentina una persona muere a causa de gatillo fácil y violencia institucional cada 19 horas. La pandemia desató la fuerza ilegal de poder y en 90 días se contabilizan al menos 12 ejecuciones extrasumariales que denunció la organización sumado a 50 reportes que dan cuenta de denuncias sobre todo tipo de violencia policial y de otras fuerzas como golpizas, torturas, asesinatos, violaciones y desaparición forzada, hechos en los que han participado policías federales, provinciales, municipales, gendarmería, prefectura y servicios penitenciarios de todo el país.
Entrevistan Penélope Moro y Paola Ortíz. Escuchá la nota completa.
Por otro lado, Verdú desmintió la idea instalada a través de los medios y ciertos sectores políticos acerca de un "supuesto aumento de delitos surgidos luego del otorgamiento de prisiones domiciliarias", medida sugerida por la OMS para descomprimir las instituciones de encierro en casos en que las personas privadas de libertad cumplan ciertos requisitos: "más de 80% por ciento de los pedidos concretos realizados por defensores fueron rechazados por los tribunales". En este sentido, la abogada recordó que "estos beneficios" sí fueron otorgados en mayor parte (en proporción a la población carcelaria del país) a los genocidas juzgados en crímenes de lesa humanidad donde Mendoza presenta cantidad de liberaciones récord a nivel país.
La referenta también analizó el componente social que a través de discursos y acciones habilita a las fuerzas de seguridad a ejercer el monopolio de su violencia sobre sectores precarizados y vulnerados; en la misma línea el rol de los medios que instan a los gobiernos a "promover el buchonaje" y a partir de allí a crear políticas de Estado represivas a las que denominó: "cooptación de consenso".
Estrategias de combate contra estos tipos de discursos, violencias , el rol de los medios y la agenda de urgencias que presentó Correpi al Gobierno Nacional, todo en esta nota.
Leé el informe completo, donde además Mendoza se destaca en medidas represivas dentro del marco de control de la pandemia, haciendo click en este link: http://www.correpi.org/2020/informe-de-la-situacion-represiva-a-90-dias-de-cuarentena/
