La convocatoria a adherir a la demanda por sobreprecios contra ocho fábricas de automóviles comercializados en la provincia sigue despertando un masivo interés y a lo largo de los días se vienen observando largas colas en el estudio jurídico de los Dres. Rauch y Aciar, que están impulsando las acciones judiciales para recuperar el dinero pagado de más.
Anteriormente había fecha de vencimiento, pero “visto la cantidad de gente que se ha presentado y se sigue presentando, estamos tratando de atender a todos. Nuestro deseo es que nadie quede afuera”, reiteró el letrado, ante la decisión de extender el plazo para registrarse.
Aseguró que las colas son constantes y no sólo se ven en Ushuaia sino también en Río Grande. “Esta demanda tiene un alcance provincial. Se puede hacer en Ushuaia, Río Grande y en Tolhuin, porque la convocatoria es de características provinciales”, dijo.
Destacó que la masiva concurrencia se debe a la difusión que se vino dando, y la expectativa de poder recuperar el dinero pagado de más. “Ayudó el boca a boca y la difusión por las redes sociales y los medios de comunicación”, dijo Aciar, sin poder precisar una cifra de adherentes hasta ahora porque “diariamente se está incrementando la cantidad. La gente sigue concurriendo”.
El estudio abre a las 10 de la mañana y el viernes la cola daba la vuelta a la esquina. “Es así en las primeras horas, pero va disminuyendo en la medida que la gente es atendida. Es gratificante la concurrencia de la gente que ha adherido y era lo esperado”, afirmó.
“La gente está muy informada. Todo esto deviene de la mala aplicación de la 19640 y la falta de controles. Estamos tratando el tema exclusivamente en automotores pero da para el ingreso de mercaderías desde siempre”, observó el abogado.
Estimó que este proceso de adhesiones se extenderá “por diez o quince días más, aunque no tiene tope; luego sigue el debate del juicio donde vamos a discutir con los fabricantes de automotores el sobreprecio y si debe devolverse. La prueba está producida y en esta etapa del juicio corresponde la adherencia, sin cambiar lo que se ha dicho. El juez tiene la obligación de llamarlos, para los que quieran ejercer su derecho a demandar”, expuso.
Apuntó que “los demandados son ocho fábricas de automotores”, y no están incluidos los concesionarios en este caso. Respecto de la modalidad del juicio, no será oral y público: “Tiene algunas etapas de oralidad acotadas pero es eminentemente escrito”, dijo Aciar, y espera la resolución final “para el año que viene”.
