Tras la confirmación de su condena a seis años de prisión por corrupción en la causa Vialidad, Cristina Fernández de Kirchner solicitó al Tribunal Oral Federal N.º 2 que le conceda el beneficio del arresto domiciliario, sin tobillera electrónica y en el mismo domicilio donde reside junto a su hija Florencia, en el barrio porteño de Constitución.

En un escrito de 13 páginas presentado por sus abogados, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, la expresidenta invocó su edad —72 años— y los riesgos para su seguridad como fundamentos centrales para evitar la prisión en una cárcel común.

En este marco, argumentaron que, tras el intento de magnicidio que sufrió en septiembre de 2022, cualquier régimen de detención implicaría un nivel de aislamiento y vigilancia que “no se ajusta a los estándares constitucionales ni a los tratados internacionales en materia de derechos humanos”.

Además, pidieron que se le exima del uso de tobillera electrónica, alegando que la exmandataria ya cuenta con custodia permanente de fuerzas de seguridad federales. “Resulta completamente innecesario aplicar ese dispositivo en este caso”, expresaron los letrados.

La fiscalía pide su detención inmediata

En contraposición, los fiscales del juicio, Diego Luciani y Sergio Mola, solicitaron al tribunal la detención inmediata de Kirchner, al considerar excesivo el plazo de cinco días hábiles otorgado por el juez Jorge Gorini para que los condenados se presenten voluntariamente en Comodoro Py. Según los fiscales, ese lapso es desproporcionado, ya que incluye un fin de semana y un feriado nacional.

Gorini también instruyó al Ministerio de Seguridad de la Nación para que analice lugares adecuados donde alojar a los condenados mientras se resuelven los pedidos de las partes.

Un caso inédito y con fuerte repercusión política

La solicitud de Cristina Fernández de Kirchner reavivó el debate sobre los privilegios institucionales y el cumplimiento efectivo de las penas. Si bien la Ley de Ejecución Penal contempla la posibilidad de arresto domiciliario para personas mayores de 70 años, el Ministerio Público Fiscal advierte que la gravedad del delito y la relevancia institucional del caso justifican un trato más estricto.

En este escenario, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó que la condena firme a Cristina Fernández de Kirchner demuestra la vigencia de las instituciones republicanas.

Durante la cena anual del CARI, Francos señaló que no se trata de un hecho para celebrar, pero remarcó que la justicia actuó con independencia y transparencia.

Además, destacó que todos los jueces intervinientes fueron designados durante gobiernos kirchneristas y que el fallo confirma que el sistema judicial funciona.

El Tribunal Oral Federal N.º 2 deberá decidir en los próximos días si hace lugar al pedido de prisión domiciliaria o si, como solicita la fiscalía, ordena la detención inmediata de Cristina Kirchner.

Fuentes judiciales indicaron que no hay plazos establecidos para una resolución, pero que el tribunal buscará resolver con celeridad ante la sensibilidad del caso.