Defensores del pueblo del país, mantuvieron una reunión con la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, tras conocerse la decisión de dar de baja a Pensiones No Contributivas (PNC) y pensiones por discapacidad. Previo al encuentro, desde el gobierno se retrotrajo la medida argumentando que fue “un error político”. En el marco de la cita con Stanley defensores del pueblo acordaron con el Ministerio conformar una mesa de revisión de los casos. Al respecto, Luis Garay, defensor del Pueblo de Paraná, indicó que esta semana se debe depositar en los cajeros el dinero que fue quitado.

Defensores del Pueblo del país acordaron con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación conformar una mesa de revisión de los casos para que “nadie quede sin recibir el beneficio”. Participarán las asociaciones de defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

“La reunión fue positiva, con todo el equipo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y se llegó al acuerdo de conformar una mesa de trabajo”, explicó Garay al Departamento Informativo de LT14, tras el encuentro mantenido el viernes en Buenos Aires, donde se discutió sobre la decisión del Gobierno nacional de dar de baja a pensiones por discapacidad, sin antes pasar por una junta médica, y sin realizar los trámites correspondiente ante la quita del derecho otorgado por ley.

Garay, llevó tranquilidad a los afectados por la medida del Gobierno Nacional, informando que desde esta semana será depositado en los cajeros el dinero que fue quitado. “De ahora en más vamos a trabajar ese tema de forma conjunta, por si a alguien no se le devuelve el dinero”, señaló. Al respecto, mencionó que desde la Defensoría del Pueblo de Paraná y desde el Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi), darán un tiempo prudente de una semana para que sea devuelto el monto desafectado, y a partir de ese lapso se comenzará caso por caso cómo continuar.

Seguidamente, mencionó que en la reunión se volvió a insistir desde el Gobierno que hay “pensiones mal otorgadas”, por lo que los defensores se ofrecieron para revisar cada caso y llamar a una junta médica, pero aseguró que “no se va a sacar a todos como se hizo en esta oportunidad”. En este sentido recordó que “a partir de 2014, cuando tuvo rango constitucional la Convención de los derechos de las personas con discapacidad, un decreto de 1997 no se puede aplicar, y el Gobierno dio marcha atrás porque sabía que además iba a venir una catara de juicios e iba a tener que pagar y también devolver el dinero”, señaló.

Por último Garay manifestó: "Si hay que controlar, que se controle, pero que se hagan las cosas bien, y ajustadas a derecho, que evidentemente no se estaban haciendo como tenían que hacerse”, finalizó.

Desde Paraná se llevaron 46 casos de personas afectadas.