El Consejo Consultivo Honorario en Salud Mental y Adicciones, que reúne más de treinta entidades académicas, profesionales y de la sociedad civil, declaró preocupación sobre la situación de trabajadores, trabajadoras usuarios y usuarias del servicios de salud mental en Córdoba en el marco de la crisis sanitaria por el Covid-19. 

En Radio Nacional Córdoba dialogamos con Solana Yoma, lic. en psicología, investigadora del CONICET y miembro del Observatorio de Salud mental y Derechos Humanos. "Lo que sucedió durante la pandemia en la Provincia de Córdoba es que se recrudecieron estas políticas manicomiales, de internación, de atención en guardias, de traslados a los grandes monovalentes y se limitó la atención en hospitales generales, en dispensarios en las comunidades", explicó.

La psicóloga advirtió que estas medidas van en contra del cumplimiento de la Ley Nacional N° 26.657 de Salud Mental que en noviembre cumple 10 años. "Que las personas puedan vivir en sus casas, con sus familias, con acompañamiento, no sólo garantiza sus derechos si no que los saca de una situación de riesgo de contagio", señaló.

Traslados compulsivos de usuarios internados en los Hospitales de Santa María de Punilla, Bell Ville, y Oliva; la desarticulación del Centro de Salud en Villa el Libertador; la no prorroga de las residencias de Salud Mental durante la emergencia sanitaria y el debilitamiento de los equipos interdisciplinarios son parte de las situaciones denunciadas por el Consejo Consultivo Honorario en Salud Mental y Adicciones.

Cabe aclarar que el año 2020 se cumple el plazo asumido por la Argentina ante la OMS para poner fin a los manicomios. Sin embargo según el Censo Nacional de Salud Mental de 2019, hay 12.035 personas internadas por motivos de salud mental en los 162 neuropsiquiátricos públicos y privados del país, por un promedio de tiempo de encierro de 8,2 años.