La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto de Ley por el cual se modifica la Ley 27.453 de Régimen de Regularización Dominial con el objetivo de ampliar el alcance para la integración socio urbana de barrios populares, prorrogando la suspensión de los desalojos por diez años y la ampliación del número de registros de barrios incorporados al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

Por este motivo Nacionalmente se comunicó con Cintia Romero, trabajadora de la construcción y referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) -movimiento que reclama históricamente la reforma de la Ley de Barrios Populares- para conocer su postura respecto a las modificaciones que se están tratando en el Congreso de la Nación.

En este sentido, Romero detalló que, desde la implementación de la ley en 2018, el registro cuenta con más de 5.600 familias inscriptas; “la ley permite tener el certificado de vivienda familiar, avalado por el ReNaBap, y así acceder a los servicios básicos” remarcó la entrevistada. También detalló que, al momento de comenzar a implementar la ley, “el 68% de los barrios populares no tenía energía eléctrica, el 89% no tenía agua corriente y el 99% no poseía gas natural”, por lo que significó un gran avance en materia de mejorar su calidad de vida.

Romero, quien también es vecina de un barrio popular que trabaja las cuestiones de hábitat destacó que gracias a la ley, las mujeres de bajos recursos pueden lograr su independencia económica ya que les permite generar sus propios ingresos y así mantener a sus familias.