Silvia Paola Villalón y Paola Andrea Lucero están imputadas por estafa y uso de documento privado. Además hay otras tres personas también imputadas que se mantienen en libertad.

Se pudo determinar que las profesionales cobraban entre $6 y $11 mil por cada informe y realizaban entre tres y cuatro estudios diarios.

Según la investigación judicial, entre julio y septiembre del año pasado habrían realizado testeos a domicilio sin tener la estructura para hacerlos y sin informar al sistema sanitario esos resultados.

El fiscal a cargo de la causa, Gustavo Dalma, analiza cada caso de personas que acudieron en buena fe a realizarse los testeos para determinar si alguno de ellos desarrolló la enfermedad, lo que agravaría la situación de los acusados.

Gustavo Franco, abogado de Paola Lucero señaló que ella prestó declaración testimonial y así ayudó para avanzar en la pesquisa. Expresó su confianza en que pueda modificarse su situación procesal.