El Dr. Carlos Lombardi, representante legal de las víctimas de abuso legal eclesiástico en Argentina, en diálogo con LV4 calificó la situación de abuso que han vivido muchos menos en el Instituto Próvolo, como “circunstancias aberrantes, esta es una humillante novela de terror “.

Mencionó que por el momento sólo han trascendido parte de los hechos ocurridos en el Instituto, algunos de los cuales han sido tipificados como abuso sexual con acceso carnal, corrupción de menores, teniendo en cuenta que se habrían obligado a menores a abusar de niños más pequeños.

“De modo tal que la cadena de corrupción, maldad y crueldad de estos sujetos que están detenidos es descomunal” –dijo Lombardi.

Esta semana llegó a Mendoza la comisión investigadora, integrada por los sacerdotes Dante Simón y Juan Martínez, quienes intentaron tener contacto con las víctimas y sus familiares para avanzar con la causa canónica. Uno de ellos dijo que los denunciantes actuaban por despecho.

Sobre esa declaración Lomardi mencionó que el accionar de la comisión ha sido lamentable y apuntó que  “nosotros tenemos una posición sumamente crítica respecto a la opinión institucional de la Iglesia frente al flagelo, para nosotros la Iglesia tiene una red de pederastia institucionalizada desde hace años. El Próvolo, si bien es una mega causa, es un dato dentro de este flagelo de abusos sexuales que encubre la Iglesia Católica”.

Respecto de la actitud del Papa Francisco, quien públicamente ha condenado los abusos y ha pedido que los crímenes por pederastia no se repitan nunca más, Lombardi señaló que “la realidad indica que el Papa Bergoglio dice una cosa y hace otra. Ha llevado a cabo y lo he dicho públicamente con una nota de opinión, más de 30 acciones tendientes a consolidar el sistema de encubrimiento que tiene de la red de pederastia institucional “.

Según Lombardi a la institución no le interesan las víctimas, están interesados sólo en proteger su imagen.

Las expectativas son que en el caso Próvolo se llegue a un juicio justo, con todas las garantías para las víctimas y para los imputados,  con la correspondiente sanción penal.