El fiscal Abel Córdoba se opuso hoy al pedido de "cese de prisión preventiva" formulado por el empresario detenido Lázaro Báez cuando están por cumplirse los dos años de su encarcelamiento en la causa por lavado de dinero, confirmaron fuentes judiciales.

El representante del ministerio público elevó su dictamen ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 que ahora deberá decidir si acepta o rechaza el "cese de la prisión preventiva" solicitado por el empresario que acuñó su fortuna como concesionario de obra pública durante el kirchnerismo.

Abel Córdoba consideró que la libertad de Báez podría poner en riesgo el juicio oral que debe llevarse a cabo en su contra y se manifestó en contra, también, de concederle la prisión domiciliaria monitoreada por pulsera electrónica, según relataron fuentes judiciales.

El próximo jueves, Báez cumplirá 2 años detenido de manera preventiva pero el fiscal consideró que esa situación debe prorrogarse un año más, tal como lo permite la ley, porque permanece vigente el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación en su contra.

El fiscal también remarcó que Báez conserva vínculos con personas influyentes en Argentina y en el extranjero y que la maniobra de lavado de dinero por la que se lo investiga está vinculada a supuestos hechos de "corrupción estatal".
"Es posible enumerar la existencia de una decena de circunstancias específicas que abonan la hipótesis concreta de la posibilidad cierta de sustraerse del proceso o afectarlo de modo irreversible", sostuvo el fiscal Córdoba en el dictamen.

Entre esas circunstancias, el fiscal remarcó "la naturaleza económica de los delitos y la importante suma de dinero no recuperada, estimable en millones de dólares que se encontraría aún a disposición del imputado".

También sostuvo que se presume que Báez tiene influencia sobre "la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Prefectura Naval y que conserva "vínculos económicos e influencias tanto a nivel local como en el extranjero".

Báez se encuentra detenido de manera preventiva en el penal de Ezeiza desde el 5 de abril de de 2016 cuando abordó un avión en Río Gallegos sin presentar el plan de vuelo, por orden del juez federal Sebastián Casanello.

El TOF 4, integrado por Pablo Bertuzzi, Gabriela López Iñíguez y Néstor Costabel, deberá decidir ahora si rechaza el pedido de Báez como solicitó el fiscal o le concede la libertad.

La causa contra Báez por lavado de dinero llegó este año a la etapa de juicio oral y público, y en el proceso serán acusado también los cuatro hijos del empresario, el financista Federico Elaskar, el valijero mediático Leonardo Fariña, Fabián Rossi y otros imputados entre los que están el abogado de confianza de Báez, Jorge Chueco, y su contador Daniel Pérez Gadín, ambos detenidos.

En la causa se investiga al empresario Lázaro Báez, a su familia, a sus asociados y a funcionarios públicos por la presunta comisión de maniobras de lavado de activos con fondos desviados del erario público, a través de la financiera SGI (conocida como "La Rosadita"), sociedades offshore en Panamá y otros paraísos fiscales y cuentas en Suiza.