A partir del 1 de agosto se comenzará a implementar el Código Procesal Penal en la Segunda Circunscripción Judicial: San Rafael, General Alvear y Malargüe, lo que implicará el funcionamiento del sistema acusatorio unificado.

Este mediodía el Gobernador Alfredo Cornejo inauguró la nueva sede de la Segunda Circunscripción Judicial, lo acompañaron el ministro de Gobierno, Dalmiro Garay; el ministro de Seguridad, Gianni Venier; la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Claudia Najul; el subsecretario de Justicia y Relaciones Institucionales, Marcelo D’ Agostino; el procurador de la Corte, Alejandro Gullé, el presidente de la Corte, Pedro Llorente, los jueces Jose Valerio y Jorge Nanclares, la defensora general del Ministerio Público Fiscal, Mariana Silvestri y el intendente de General Alvear, Walter Marcolini.

Alfredo Cornejo tomó la palabra y dijo: “Ahora debemos demostrar que estos cambios son positivos a los efectos de quienes reciben el servicio de justicia, esa es nuestra obligación, mostrar los beneficios para los habitantes de todo Mendoza. Estos cambios están circunscritos en un plan general de reorganización del Estado necesaria y se financian con los impuestos del sector público y privado, la búsqueda de un estado más eficiente es una prerrogativa del interés general”.

“Los gastos del Estado han crecido en los últimos 10 años el doble del PBI, es decir gastamos cada vez más para brindar servicios básicos y sustanciales que tienen resultados pobres, entonces algo esta pasando y en este sentido debemos hacer un enorme esfuerzo para mejorar la gestión y la calidad de cada uno de ellos: salud, seguridad, educación y administración de justicia”, agregó el Gobernador.

En referencia al objetivo de un Estado eficiente, el mandatario provincial comentó: “Creemos que hay que sostener la alta inversión que hacemos en estos servicios y hacerla más eficiente para alcanzar el objetivo de cumplir con servicios más ágiles y eficientes. Los cambios al interior del Poder Judicial se deben hacer con el liderazgo de la Corte y con el liderazgo político del Gobernador, y lo estamos haciendo en aspectos normativos”.

“La aplicación y creación del Código Procesal Penal se da en el sur porque dentro del Poder Judicial hay profesionales de esta zona que hicieron importantes aportes y agilizaron los procedimientos con una pequeña inversión. Los actores propios del sistema van a tener una importante oportunidad de demostrarles a los ciudadanos que podemos tener una justicia más expedita” agregó Cornejo.

En relación a la seguridad, Cornejo explicó: “La nueva política de persecución del crimen que plasmamos en los hechos implica que la Policía y los fiscales trabajen codo a codo, Mendoza necesita una policía a la que los delincuentes le tengan temor y los ciudadanos de bien respeto. La debemos construir con policías prestigiosos y profesionales. Los funcionarios políticos y judiciales deben saber que es una institución de control clave en el sistema republicano”.

Para finalizar, el Gobernador sostuvo: “Este trabajo conjunto va dar resultados como ya comenzó a notarse en el gran Mendoza, que de agosto del 2016 a este, bajaron un 35 % los robos agravados. En el sur tenemos la ventaja de que la tasa de delito es más baja y tenemos la esperanza que este código logre buenos méritos, creemos que policía y justicia vana a mejorar la seguridad de Mendoza como ya lo estamos haciendo”.

A su turno, Pedro Llorente comentó: “Estamos en un momento histórico para el poder judicial en todo Mendoza, luego de esperar 18 años el Código Procesal Penal llega al sur de la Provincia. Esto significa acercarnos a la unificación de todo el sistema penal y representa la posibilidad de que los ciudadanos tengan un sistema de justicia más ágil y eficaz. Destaco la decisión política que tomó el Gobierno de Mendoza para aplicarlo, quiero felicitar a magistrados y funcionarios del sur porque ellos se hicieron cargo durante todo este tiempo de este desequilibrio que existía”.

Para finalizar, Alejandro Gulle destacó: “Nos pusimos a trabajar, reestructuramos y refuncionalizamos lo que teníamos con un costo no tan gravoso salimos adelante, vamos a profundizar los cambios, esto no es un mero cambio de roles, esto acerca al Ministerio Público Fiscal a la esencia y naturaleza de lo que es: un órgano investigador, somos una pata más de la seguridad de la provincia trabajando codo a codo con la Policía. Este cambio de paradigma requiere compromiso de todo el Poder Judicial”.

Luego los funcionarios participaron de la toma de juramento a las nuevas autoridades judiciales designadas para las nuevas oficinas.

Tal como lo indica la ley 8937 en su artículo 1: Dispóngase la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, Ley 6730, en todo el territorio Provincial, a esos efectos se implementará gradualmente, durante el año 2.017 en la Segunda y Cuarta Circunscripción Judicial, donde dejará de regir la Ley 1908 y en las formas y modalidades previstas en la presente Ley.

Según indicó el subsecretario de Justicia y Relaciones Institucionales, Marcelo D’ Agostino: “Luego de muchos años contaremos con un procedimiento único para toda la provincia de Mendoza, en lo que se constituye en una reingeniería de recursos económicos y humanos para lograr implementar el Código.”

El funcionario detalló que: “En General Alvear no tuvimos que crear ningún cargo. Allí todo se refuncionaliza. Quien es Juez de Instrucción pasa a ser Fiscal de Instrucción; el Juez Penal de Menores pasa a ser Juez de Garantías y de también de menores, tendrá doble competencia y el Fiscal de Instrucción Correccional y Civil será Fiscal de Instrucción y el Fiscal Penal de Menores sigue siéndolo y Civil. Allí quedaría un Juez de Garantías y de Menores; dos Fiscalías de Instrucción y dos Defensorías.”

En San Rafael habrán 7 fiscales de Instrucción, solamente se crea una sola Fiscalía de Instrucción, y todo lo demás es reingeniería de los recursos ya existentes.

En tanto que en Malargüe, donde no se contaba con Justicia Penal con asiento en el territorio, sí necesariamente se tuvo que crear un Fiscal, un Juez y un Defensor. Anteriormente, si se producía un delito en esta ciudad, el juez debía trasladarse desde San Rafael a Malargüe, más de 200 km.

En el año 1999 se modificó el Código Procesal Penal y se pasó a un sistema acusatorio. En el sistema inquisitivo anterior, se tenía al Juez de Instrucción como figura preponderante, mientras que el Fiscal de Instrucción y el defensor poseían un papel secundario.

Con el sistema acusatorio, que rige desde 1999, se dividen específicamente las funciones, y aparece el Fiscal de Instrucción que investiga, el Juez de Garantía, quien garantiza la legalidad del proceso, y un Defensor. Es decir, existen ahora tres partes bien diferenciadas.

Otro de los grandes cambios, es la incorporación de la oralidad en la etapa de investigación. De modo tal que se irá dejando de a poco el sistema escrito que existe en la actualidad para pasar a un sistema oral, con audiencias orales. Por ejemplo: en casos de prisión preventiva, cuando un fiscal entienda que un sujeto ha cometido un delito grave y debe esperar el proceso en prisión, lo va a solicitar al juez de Garantías y el defensor se opondrá y el juez decidirá. Eso antes se resolvía en meses, en cambio, ahora con las audiencias orales que hemos introducido, se resuelve en horas.

Hay que mencionar que el 1 de octubre de este año se implementará el Código Procesal Penal en la 4º Circunscripción Judicial, Valle de Uco, por lo que a partir de esa fecha estará funcionando en toda la provincia.