El Ministerio de Seguridad de la Nación presentó documentación que acredita que Venezuela autorizó el ingreso al país del gendarme Nahuel Gallo, detenido desde el 8 de diciembre pasado.

Se trata de documentos que la cartera encabezada por Patricia Bullrich presentó ante la Cancillería brasileña, país encargado de la custodia de la embajada argentina en Caracas e intermediario entre ambos países.

El escrito considerado clave por el Gobierno argentino es uno en el que consta la autorización dada por Venezuela a una carta de invitación al país que había sido presentada por la pareja del gendarme y madre de su hijo,  María Alexandra Gómez García.

Dos semanas antes de que el gendarme Nahuel Gallo viajara a Venezuela, la mujer había presentado ante las autoridades venezolanas un texto en el que precisaba que el padre de su hijo permanecería en el país entre el 7 y el 30 de diciembre, y que se hospedaría en su domicilio, ubicado en la ciudad de Puerto La Cruz.

De acuerdo con la documentación presentada por el Ministerio de Seguridad, el Servicio Autónomo de Registros y Notarías de Venezuela -que funciona bajo la órbita de la Vicepresidencia de ese país- autorizó el pedido, tras certificar las firmas y cobrar las tasas correspondientes.

"Gallo visitará la República Bolivariana de Venezuela con fines vacacionales por un lapso no mayor a 30 días, contando con un boleto aéreo de la empresa Avianca con el siguiente itinerario: Santiago de Chile - Cúcuta, el 7 de diciembre de 2024", indicaba el texto presentado por Gómez García.

Además, precisaba que el gendarme ahora detenido es su pareja desde hace más de cinco años y padre de su hijo menor.

"Me haré responsable de los costos de su estadía y de cualquier tipo de asistencia que el invitado requiera dentro de mi país. Mi invitado, supra identificado, realiza esta visita en calidad de turista, con fines exclusivamente recreativos y sin fines de lucro", agregaba la mujer en la documentación que había presentado para pedir permiso para el ingreso al país de Nahuel Gallo.

Incluso, allí se comprometía a “asumir toda la responsabilidad durante la visita” y asegurar que cumpliera “con todas las leyes y regulaciones de Venezuela durante su estancia".

Además, la cartera de Seguridad presentó otro documento en el que el área de personal de Gendarmería Nacional había autorizado a Gallo a ausentarse del país para viajar al extranjero entre el 5 de diciembre y el 3 de enero próximo.

De esta forma, el Gobierno nacional busca demostrar que la visita de Gallo a Venezuela obedecía a motivos estrictamente personales.

El gendarme Nahuel Gallo, de 33 años, ingresó a Venezuela el pasado 8 de diciembre. Desde ese momento permanece detenido, acusado de espionaje por el régimen de Nicolás Maduro.

El lunes último, la Justicia argentina le exigió al Gobierno de Venezuela que informe “de modo inmediato” el paradero de Gallo, como así también los motivos de su detención y a disposición de qué autoridad judicial competente.

Denuncia contra Laborde

El Ministerio de Seguridad denunció en las últimas horas al ex embajador argentino en Venezuela Oscar Laborde por el delito de "traición a la Patria" por sus presuntas gestiones para la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien permanece detenido desde el 8 de diciembre pasado en Venezuela cuando ingresó a ese país desde Colombia.

"El obrar del imputado Laborde no fue una 'cuestión humanitaria, como él pretende presentarlo en los medios. Muy por el contrario, lejos de defender los derechos humanos del gendarme ´desaparecido´, lo que hace es superponerse indebidamente a la gestión diplomática internacional de la República Argentina, a fin de justificar la abiertamente criminal conducta de las autoridades venezolanas, bajo el pueril pretexto de un supuesto 'ingreso irregular' que abonaría la inventada sospecha de 'espionaje', además de avalar las condiciones de detención, de desaparición, generando un supuesto conocimiento sin haber indicado las más mínimas pautas legales de su detención, avalando de ese modo el crimen de desaparición forzada", dice la denuncia.

En el texto de la presentación ante la justicia, se aclara que "más que una 'gestión humanitaria', la conducta del ex embajador denunciado es todo lo opuesto, ya que actuó en contra de los intereses del país para sostener la justificación de la desaparición forzada de un nacional argentino, arrogándose facultades diplomáticas que solo pueden ejercer los representantes de la Cancillería Argentina".