Tras la reciente realización de maniobras militares en las islas Malvinas, ocupadas ilegalmente por el Reino Unido desde 1833, el Gobierno rechazó hoy "de manera categórica" y afirmó que constituyen un "apartamiento" de las resoluciones de las Naciones Unidas (ONU) que instan a reanudar las negociaciones por la soberanía, suspendidas arbitrariamente por los británicos en 1982, luego del conflicto bélico en el Atlántico sur.

En paralelo, el Ejecutivo advirtió que esos ejercicios militares violan una resolución de la ONU que indica que la región del Atlántico sur es una "zona de paz y cooperación" internacional.

A través de un comunicado, titulado "El Gobierno argentino reiteró su enérgico rechazo a los ejercicios militares llevados a cabo en las Islas Malvinas", la administración encabezada por el presidente Alberto Fernández expresó que la Argentina "rechaza una vez más, de manera categórica, la realización de maniobras militares en las Islas Malvinas", concretadas a fines de julio y divulgadas por medios internacionales.

El informe oficial apunta a que "en esta oportunidad se trató de una nueva edición de los ejercicios militares denominados 'Cape Bayonet', que reúne a las distintas fuerzas británicas que forman parte del despliegue de ocupación ilegal que el Reino Unido realiza en las Islas Malvinas".

Para el Gobierno, estos "ejercicios constituyen una injustificada demostración de fuerza y un deliberado apartamiento de los llamamientos de las numerosas resoluciones de las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales, que instan tanto a la Argentina como al Reino Unido a reanudar las negociaciones, a fin de encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía que involucra a ambos países en la Cuestión de las Islas Malvinas".

En ese sentido, se señala que "la persistencia del Reino Unido en la realización de ejercicios militares en el Atlántico Sur contraviene específicamente la resolución 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas que insta a ambas partes (la Argentina y el Reino Unido) a que se abstengan de adoptar decisiones unilaterales que entrañen la introducción de modificaciones en la situación mientras las Islas están atravesando por el proceso de negociación por ella recomendado".

"Al respecto -dice el comunicado- el canciller Cafiero ha señalado que la presencia militar británica en las islas se contrapone manifiestamente a la permanente voluntad de la República Argentina de resolver la controversia por medios pacíficos, de conformidad con el derecho internacional y las resoluciones pertinente de las Naciones Unidas".

El texto pone de relieve que el jefe del Palacio San Martín "ha remarcado que la alegada condición defensiva de la base militar británica en el Atlántico Sur no sólo es totalmente injustificada sino también representa una amenaza para toda la zona".

Por eso, el comunicado oficial subraya que el Gobierno argentino "reafirma una vez más su soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes que forman parte integrante del territorio nacional de la República Argentina, los que, estando ilegítimamente ocupados por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, son objeto de una disputa de soberanía reconocida por las Naciones Unidas mediante la resolución 2065 (XX) y posteriores de la Asamblea General así como de otras organizaciones y foros internacionales".

"Asimismo, de conformidad con las resoluciones mencionadas, el Gobierno argentino reitera que se trata de una controversia de soberanía que debe ser resuelta de manera bilateral entre ambos países, y reafirma su disposición a reanudar las negociaciones", concluye.

Las Malvinas fueron usurpadas por los británicos en 1833 y, pese a que la ONU en 1965 estableció que hay una disputa de soberanía entre ambos países y que se debe negociar una solución pacífica, el Reino Unido accedió a concretar reuniones oficiales en esa dirección solo entre 1966 y 1982.

Pero luego de la guerra del Atlántico sur, congelaron las reuniones bilaterales desoyendo la resolución 37/9 de las Naciones Unidas que indicaron que el conflicto no modificaba la naturaleza de la controversia, es decir que se mantenía el pedido de diálogo binacional entre Argentina y el Reino Unido.