Desde la pasada semana se ha instalado en la opinión pública un generalizado repudio por el crimen de Lucas González, un chico de 17 años, jugador de futbol, a manos de policías de la Ciudad de Buenos Aires, que andaban sin uniforme, sin ninguna identificación y abrieron fuego contra tres pibes por lo que ya nadie duda, era portación de cara, de aspecto, o como quiera llamarse.

Fue tan alevoso y evidente lo que pasó, que hasta medios y periodistas de grandes medios, acostumbrados a naturalizar, invisibilizar y eventualmente justificar el accionar de este tipo de policías, debieron cuanto menos poner cara de compungidos y dejar, por un rato, de batir el parche contra “la delincuencia” como construcción de sentido opuesta a “la gente”, esa otra construcción de sentido, que sirve para presentar el mundo como un enfrentamiento entre buenos y malos. Como habían podido hacerlo sin mayores problemas en la semana previa a las elecciones generales, con el asesinato del kiosquero de Ramos Mejía, a manos de su asaltante. Por momentos pareció que también hay crímenes a un lado y al otro de la grieta. Lo cual, sin intenciones de hacer psicología social (barata), parece tener, sin dudas, algo de esquizofrénico.

La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires emitió un comunicado, algunos de cuyos párrafos vale la pena leer textualmente:

“...No está de más recordar que desde la campaña electoral del ’99, cuando el entonces candidato (luego, gobernador) Carlos Federico Ruckauf lanzó su enjundiosa arenga “hay que meter bala a los delincuentes”, no sólo se sancionaron leyes procesales regresivas, de reconocida impronta manodurista (donde a la vez que se acordaron mayores atribuciones a la policía, se impusieron rígidas limitaciones a los jueces penales), sino también se intensificaron las prácticas policiales represivas, entre las que destacan las ejecuciones sumarias en enfrentamientos fraguados (“gatillo fácil”).

Unas y otras están estrechamente conectadas entre sí, porque cuando desde el discurso político se sostuvo que “a los delincuentes hay que meterles bala, no hay que tener piedad, al policía que mata a un delincuente hay que condecorarlo, no procesarlo, al que delinque hay que darle por la cabeza, la bala que mata a un ladrón es la bala de la sociedad” (entre muchas consignas por el estilo), se legitimó la respuesta represiva a como dé lugar, lo que produjo un inmediato y notorio incremento en los casos de “gatillo fácil”. Y no podría ser de otra manera, porque cuando un político en campaña proclama que “hay que meter bala a los delincuentes”, luego no puede ignorar que la policía lo primero (y acaso lo único) que entiende es que hay que meter bala.

Continúa el comunicado de la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires, diciendo que “...En la reciente campaña electoral aquella encendida prédica manodurista que en el territorio bonaerense dejó un trágico saldo de violencia institucional e institucionalizada (no sólo encarcelamientos masivos, sino también muertes y torturas en contextos de encierro), fue actualizada por (el hoy diputado nacional electo) José Luis Espert, con su fatídica admonición: "Primero es bala. Después hablamos de cárcel o bala", a lo que agregó que "para que los delincuentes empiecen a tener miedo, tiene que haber algunos que terminen bien

agujereados”.

Los dirigentes políticos deberían actuar con sensatez y racionalidad, máxime al anunciar medidas de política criminal para tratar de responder al acuciante interés social por la inseguridad. Cuando actúan de manera autoritaria e irresponsable, por ejemplo, incentivado el uso de la violencia y apelando a estrategias de “mano dura”, no hacen más que legitimar el abuso, el exceso y la desproporción en el uso del poder letal”.

Desde este espacio, compartimos cada una de estas palabras.

Editorial de José Luis Ferrando, licenciado en Comunicación Social, periodista de LT14 Radio Nacional Paraná.