Se trata de un proyecto venido en revisión desde la Cámara de Diputados que modifica la Ley de Tránsito y ordena la llamada "tolerancia cero" para el consumo de alcohol de los conductores de vehículos de motor de cualquier tamaño y peso. Obtuvo 48 votos a favor y nueve en contra, entre los que se contaron a los oficialistas sanjuaninos María del Carmen López Valverde y Rubén Uñac; y los opositores Alfredo Cornejo y Mariana Juri, de Mendoza; Roberto Basualdo, de San Juan; Julio Martínez, de La Rioja; Alfredo De Angeli, de Entre Ríos; Dionisio Scarpin, de Santa Fe; y Juan Carlos Romero, de Salta.

La iniciativa, conocida como Alcohol Cero, fue sancionada por la Cámara de Diputados el 24 de noviembre por una mayoría de 195 votos, por lo que se descontaba un amplio apoyo también de senadores de todo el arco político.

La actual Ley de Tránsito 24.449 establece, para cualquier tipo de vehículos, una tolerancia de hasta 500 miligramos (0,5 gramos) de alcohol por litro de sangre; para motocicletas o ciclomotores hasta 200 miligramos (0,2 gramos); y para transporte de pasajeros de menores de edad y de carga, alcohol cero.

La "tolerancia cero" con el alcohol ya se implementa en siete provincias y 13 localidades del país, donde se obtuvieron mejores resultados en términos de siniestros viales que con la normativa actual.

La presidenta de la Comisión de Transporte, la oficialista formoseña María Teresa González, describió al proyecto como "un paso importante y el inicio de un gran cambio cultural que nuestra sociedad necesita y demanda".

"Todas las familias que batallaron esta lucha hoy espero que se lleven de este recinto un consuelo", sentenció González.

El jujeño Mario Fiad, coincidió en que este proyecto "constituye un cambio cultural", aunque remarcó que es necesario "ese cambio para que el ciudadano respete la ley y dejemos de correr tras los hechos tan lamentables".

"La ley, para que sea efectiva necesita del rechazo social a las conductas infractoras. Necesitamos un cambio en la figura del delito vial", afirmó Fiad.

El opositor santafecino Dioniosio Scarpin anunció que iba a votar en contra "para que realmente se trabaje a conciencia", al tiempo que reclamó "cómo bajar" el número de accidentes viales.

La mendocina Mariana Juri, de Juntos por el Cambio, también anunció su voto en contra y mencionó que la norma "destruye miles de trabajos".

Por otro lado, el Senado también aprobó anoche, y convirtió en Ley, el proyecto que pretende fortalecer el sistema de justicia Penal Federal de la provincia de Santa Fe, impulsando la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal, así como sus normas modificatorias y complementarias.

El proyecto se aprobó por unanimidad y fue puesto en consideración sobre tablas, ya que no pasó por comisiones y se aceleró su debate para intentar paliar la grave situación generada por el avance del narcotráfico en aquella provincia.

Los pliegos aprobados con 63 votos a favor del oficialismo y de la oposición son los del Juez Federal de Primera Instancia 1 de Rosario, Gastón Salmain; del conjuez de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Córdoba, Ernesto Cano y conjuez de los Juzgados Federales de Primera Instancia de la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Mariano Longarini.

También se incluyó la designación de la jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Rosario, provincia de Santa Fe, Elena Beatriz Dilario; del Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Rosario, Eduardo Rodrigues Da Cruz y juez Federal de Primera Instancia de San Francisco, Córdoba, Pablo Montesi.

La iniciativa crea 27 cargos de fiscal federal penal con jurisdicción en el distrito federal Rosario, de los cuales 15 tendrán asiento en la ciudad de Rosario, 7 en la ciudad de Santa Fe, 1 en las ciudades de Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto, todas en la provincia de Santa Fe; y 1 en la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires.

Además, abre 9 cargos de defensor público oficial federal con jurisdicción en el distrito federal Rosario, de los cuales 3 tendrán asiento en la ciudad de Rosario, 2 en la ciudad de Santa Fe, 1 en las ciudades de Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto.

Entre otros puestos, crea 6 cargos de juez penal federal con funciones de garantía, con asiento en las siguientes ciudades: Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Rosario, San Lorenzo y Venado Tuerto.

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