Nacional Informa dialogó con Penélope Vaca Ávila, investigadora del Área de Política Subnacional y Relaciones Intergubernamentales de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad de San Martín, acerca del cuestionado proceso de reforma constitucional de Jujuy y los artículos más cuestionados que afectan directamente a las comunidades originarias y los bienes comunes naturales.
“La Constitución está aprobada y la vía de revisión jurídica es la Corte Suprema de Justicia con un recurso de inconstitucionalidad, que c”, explicó la politóloga, aunque reconoció que podría existir una vía política que considera no tendría curso en el actual contexto. Sobre el cuestionamiento al texto, Vaca Ávila consideró que por el momento el texto permanece y “lo que puede suceder es que se mantenga una crispación de baja intensidad por la cuestión minera y esto se extienda a otras provincias porque es un tema muy delicado. El problema es que no existen protocolos sobre cómo abordar los diálogos con las comunidades y esto puede derivar en el mediano plazo en conflictos sucesivos”.
Entre los artículos más cuestionados de la Constitución están los referidos a la explotación de los recursos naturales, que generalmente se encuentran próximos a los asentamientos de comunidades originarias. Y el texto establece “mecanismos y vías rápidas y expeditivas que protejan la propiedad privada y restablezcan cualquier alteración en la posesión, uso y goce de los bienes a favor de su titular” y considera una “grave violación al derecho de la propiedad” la “ocupación no consentida”. Así, este punto representa una amenaza real para las comunidades ancestrales que no poseen la titularidad de las tierras que habitan ya que la misma constitución habilita la sanción de una ley especial para crear condiciones de desalojo inmediato.
La nueva Constitución jujeña fue fuertemente cuestionada por su tratamiento y votación exprés, en el marco de masivas movilizaciones de docentes en reclamo por mejoras salariales. En este contexto, el apartado que limita las protestas sociales fue particularmente cuestionado. El texto eleva al rango de derecho a la categoría de “paz social” prohibiendo los cortes de ruta y obturación de la circulación; “parece presumir del tratamiento más duro del derecho a la protesta”, señaló la politóloga.

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