El fiscal federal general Gustavo Gómez y un grupo de asambleístas plantearán en Buenos Aires que el nuevo Código Penal establece un retroceso en los derechos ambientales porque, de castigar a los delitos que se consideran de peligro abstracto, se pasa a castigar los que se prueben que haya un daño grave. “Establece este proyecto que los delitos ambientales serían de ahora en más delitos en los que hay que probar de modo concreto y grave el daño que deben provocar. Es importante distinguirlo de la redacción actual de los delitos ambientales. Hoy en el delito ambiental es suficiente con probar el peligro. La ley dice que ‘el que con peligro para el ambiente, para la salud,etc’; en cambio, la nueva redacción dice que ‘el que provoque un daño grave, una cosa es probar un peligro y otra cosa en lo concreto es probar un daño grave’. Con esto se archivaría más de 100 causas penales por delitos ambientales en todo el país porque se deroga el precepto anterior y se impone uno nuevo”, explicó Gómez.