La Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma celebró el fallo firmado por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bariloche, que ratifica una medida de 2013 y obliga al Estado rionegrino a garantizar el tránsito y acceso de la población al Lago Escondido, cercado por la propiedad del empresario inglés Joseph Lewis. La secretaria general de CTA Autónoma El Bolsón destacó que fue resultado de “la unidad de muchas organizaciones sociales, sindicales y el pueblo que nos embanderamos detrás de algo justo que es el acceso a las fuentes de agua”.
Sandra Contreras remarcó que, con el fallo ratificatorio, “hemos dado un paso en que se haga justicia, estamos muy contentos” pero aclaró que la lucha continúa y pidió que los medios los acompañen visibilizando el cumplimiento o no de la decisión judicial.
En ese sentido, explicó que “la sentencia nos da la razón, siempre quisimos entrar a través de la ley, nunca por la fuerza” y confió en que la provincia de Río Negro “se ponga a trabajar en la apertura del camino” aunque advirtió que, hasta ahora, el Estado provincial "ha tenido connivencia con Joe Lewis y ha trabajado con ellos para no garantizar el acceso".
Ayer, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia, de Minería y Contencioso Administrativo de Bariloche, integrada por los jueces Marcela Pájaro, Jorge Serra y Federico Corsiglia (quien votó en disidencia), ratificó la sentencia del juez civil Marcelo Cuellar, que en febrero de 2013 ordenó al Estado provincial que realizara los trabajos necesarios para garantizar el tránsito hasta el lago Escondido a través del camino Tacuifí, en tierras rionegrinas.
La Cámara le dio un plazo de tres meses a la provincia para que, a través de Vialidad Rionegrina y del Consejo Provincial de Ecología y Medio Ambiente (CODEMA), realice los trabajos necesarios que garanticen la transitabilidad y operatividad del camino de montaña.
También dispuso el mismo período de tiempo para que Río Negro implemente "todas las actuaciones administrativas" correspondientes, con el objetivo de evitar "inconvenientes o amenazas" a quienes quieran ingresar a "un bien de dominio público".
Según el Código Civil de la República Argentina los ríos y lagos son de dominio público (artículo 2340), mientras que la Constitución de la Provincia de Río Negro "asegura" el libre acceso con fines recreativos a las riberas de espejos de agua de dominio público (artículo 73).
Aunque en 1994 se creó el Área Natural Protegida Río Azul-Lago Escondido, en 1999 se modificaron los límites del área y se dejó al lago afuera del sector protegido.
Lago Escondido está custodiado por leyes nacionales que avalan el acceso a ese espejo de agua de cualquier persona, algo que no se cumple desde la década del 90 cuando Lewis adquirió las tierras y pese a que la Justicia rionegrina dictó varios fallos en ese sentido.
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