El Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes –GIEEI- que convocó la familia de Santiago Maldonado arrojó resultados contundentes y concluyentes sobre la inicial desaparición del joven, su posterior muerte y el tratamiento que se hizo desde el Estado para investigar el hecho ocurrido el 1 de agosto del 2017.
Con el resultado del –GIEEI- la abogada Verónica Heredia, representante legal de la familia de Santiago, pidió que “el Estado acepte las recomendaciones del informe y convoque al Grupo para que pueda llevarse adelante una nueva investigación: independiente, imparcial, pronta y eficaz”, indicó en diálogo con LU4 Nacional Patagonia.
“Queremos conocer la verdad de los hechos. Saber que pasó entre el primero de agosto y el 17 de octubre (día en que fue encontrado el cuerpo de Maldonado), y desde esa fecha a la actualidad. Queremos que todos aquellos que tuvieron responsabilidades reciban el castigo que corresponde, ya sea administrativo, civil y penal. Solo así se podrá garantizar que el Nunca más, en democracia, sea una realidad”, señaló Heredia.
LOS 5 EJES DEL INFORME
El informe del Grupo Interdisciplinario señala en su primer punto que “Santiago era un defensor de los DDHH según el derecho internacional de los DDHH; el 1/8/2017 defendía los derechos vulnerados de la comunidad mapuche Pu Lof; Argentina carece de un protocolo para la protección de defensores y defensoras de los DDHH. Recomienda al Estado que: a) desarrolle normas y protocolos que garanticen la atención, prevención y garantía de defensoras y defensores de DDHH, b) reconozca los derechos sobre la tierra de los pueblos indígenas”.
En el dos, uno de los más concluyentes asegura que: “no se buscó a Santiago con vida; la primera búsqueda fue 4 días después; nadie explica por qué no se encontró su cuerpo en los anteriores rastrillajes; no se hizo la reconstrucción de los hechos. Recomienda al Estado que desarrolle una investigación con independencia, imparcialidad, exhaustividad y efectividad que incluya la hipótesis de desaparición forzada”.
Otro dato clave, que abre muchas hipótesis, está en el punto tres, en el que remarca que el informe de la junta de peritos indicó “la existencia de un ADN masculino desconocido sin que se haya profundizado en este dato; la ausencia de información sobre lesiones en el cadáver no puede interpretarse como inexistencia de hechos de violencia alrededor de la muerte. Recomienda al Estado determinar el lugar, fecha, causa y modo de muerte de Santiago”.
En el punto cuatro, se señala que la “Argentina carece de legislación adecuada para prevenir, reconocer, registrar, investigar, sancionar y reparar las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales posteriores a 1983. Recomienda al Estado el dictado de tales normas”.
Finalmente, el Grupo realizó un abordaje del papel de los medios y redes sociales y concluyó que: “el análisis de medios y de redes en torno al caso evidencia un interés e injerencia por diluir responsabilidades del Estado en la desaparición a través de la estigmatización y desvalorización de Santiago; el manejo de los datos buscó siempre fortalecer “el accidente”; la información tuvo como fuente principal la oficial. Recomienda al Estado investigar las injerencias indebidas en el direccionamiento de las investigaciones y en la comunicación de sus resultados, y en la creación de ambientes de estigmatización que repercuten en la opinión pública y en las redes sociales”.
El Grupo está compuesto por los expertos: Federico Andrés Paulo Andreu Guzmán (Colombia), Dora Lucy Arias Giraldo (Colombia), Ana Carolina Guatame García (Colombia), Daniela Orozco Ramelli (Colombia), Eileen Buitrago Pérez (Colombia), Ginna Camacho Cortés (Colombia), Rossana Reguillo Cruz (México), Diego Arredondo Ortiz (México), Daniela Rea (México), y José Aylwin (Chile)
