El ministro de Hacienda y Finanzas participó en la Comisión de Hacienda y Presupuesto de Diputados para describir los alcances del pacto que firmaron las mayorías de las provincias con la Nación.

La Comisión de Hacienda y Presupuesto de Diputados recibió esta mañana al ministro de Hacienda y Finanzas, Lisandro Nieri, para profundizar sobre los pormenores que tiene el Consenso Fiscal que supieron firmar todas las provincias –excepto San Luis– con la Nación el 16 de noviembre de 2017.

Hoy existe una necesidad de un tratamiento legislativo urgente, ya que de eso dependen tanto la obtención de recursos de origen nacional como las bajas de alícuotas que beneficiarían a los contribuyentes.

Uno de los puntos abordados es la solución sin costo alguno parta Mendoza del juicio de la Provincia de Buenos Aires por el Fondo del Conurbano Bonaerense. El Consenso es una salida beneficiosa teniendo en cuenta que el reclamo de Buenos Aires podría haber significado una retracción en los recursos de la Provincia de Mendoza de aproximadamente 3.500 millones de pesos para 2018.

En sintonía con la disminución de la carga impositiva que se inició en 2017, la aplicación de este consenso significará un programa más ambicioso y generalizado, que abarca la totalidad de los sectores. En este sentido, el sector agrícola (hoy los cumplidores tienen tasa cero), la industria y el transporte empezarán a transitar un camino de reducción gradual hasta llegar a la exención total.

“El ánimo es ir bajando impuestos en aquellos rubros donde tienen gran efecto sobre el ciclo de producción, procurando una mayor competitividad económica. Este consenso va en la línea de un Gobierno comprometido con la disminución de la carga impositiva”, manifestó el titular de la cartera de Hacienda.

La baja de impuestos significará que los contribuyentes paguen unos 700 millones de pesos menos de ingresos brutos. Dicha menor recaudación se neutralizará parcialmente con un bono de la Nación. De esta manera, se generará una mayor actividad económica, algo que ya se pudo observar el año pasado cuando se hizo lo propio con 107 actividades.

La adhesión al pacto prevé también autorizar al Poder Ejecutivo provincial a que desista de los procesos judiciales iniciados por Mendoza ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se desestimarán los juicios iniciados en 2016 relacionados con la autarquía de AFIP y el 15 por ciento de ANSES. En compensación, la Provincia recibiría un bono de aproximadamente 8.000 millones de pesos a cobrar de 2018 a 2028.

La urgencia para su tratamiento legislativo tiene que ver con la necesidad de modificar la Ley Impositiva y así aplicar las bajas de alícuotas. Por otro lado, Mendoza ha dejado de percibir 120 millones de pesos en enero, de los cuales 18,8 por ciento corresponde a los municipios. Ese dinero se recuperará una vez que se apruebe el consenso.

Fuente: Prensa Gobernación