El fiscal ante la Cámara Federal porteña, José Luis Agüero Iturbe, sostuvo que es necesario secuestrar el teléfono celular del diputado nacional de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, con el objetivo de determinar si el legislador tuvo alguna vinculación con el atentado contra la vida de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Escuchá el informe del periodista especializado en judiciales, Néstor Espósito.

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Agüero Iturbe dejó asentada su posición al mantener la apelación presentada por el fiscal Carlos Rivolo -quien tiene delegada la investigación del atentado ocurrido el 1 de septiembre- contra la decisión de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, que rechazó la medida de prueba reclamada.

"Es menester señalar que lo requerido tiene el carácter de pertinente y conducente, en atención a la gravedad del hecho investigado y a la vinculación del mencionado al objeto procesal", sostuvo el fiscal ante la Cámara Federal porteña.

"No existe otra vía alternativa para obtener la información de su celular y determinar la intervención o no del señor Milman. Esta intervención, como bien recuerda mi colega de grado, fue abonada por la querella y marcada por las testimoniales indicadas", sostuvo el representante del ministerio Público Fiscal ante el tribunal de apelaciones.

"La pertinencia se localiza en este caso en la necesidad de determinar si el señor Diputado Nacional se encuentra efectivamente vinculado al hecho según los términos de las testimoniales incorporadas al legajo (Abello y Bohdziewicz)", sostuvo el fiscal.

La denominada "pista Milman" surgió del testimonio de Jorge Abello, asesor de un diputado oficialista, que sostuvo haber escuchado al legislador de Juntos por el Cambio pronunciar la frase "cuando la maten yo estoy camino a la costa", el 30 de agosto último, en el bar Casablanca ubicado a metros del Congreso.

Hace 10 días, además, otra mención en el expediente puso a Milman bajo la mira de la justicia: su exsecretaria Ivana Bohdziewicz dijo que el legislador le había facilitado un "perito" para que borrara información de sus celulares y que la maniobra se habría realizado en su presencia, en una oficina que atribuyó a la exministra de Seguridad y titular en uso de licencia del PRO, Patricia Bullrich.

Bohdziewicz es una de las dos mujeres que acompañaba a Milman en el bar Casablanca el día en el que el testigo Abello dijo haberlo escuchado referirse al atentado contra la vicepresidenta antes de que ocurriera.

"La oportunidad y conveniencia de la medida se dirige a establecer si el atentado contra la vida de la señora vicepresidente de la Nación tuvo participación del nombrado Milman. Ante la posibilidad de obstruir el avance de la encuesta, adoptando acciones que se dirijan a ese fin, relacionada con un elemento material determinado, el secuestro del celular requerido es oportuno en esta instancia del proceso", afirmó el fiscal Agüero Iturbe.

El fiscal señaló además que al promover esta medida "no se encuentra en juego el derecho a la libertad en ninguna de sus variantes" dado que "lo que se propone por esta parte es la intromisión fundada y necesaria en la esfera de reserva de Milman con un fin determinado; obtener la verdad dentro del marco legal que regula el proceso".

Por otra parte, la Jusitica analiza mensajes enviados a grupos de WhatsApp vinculados a la agrupación Revolución Federal y a su procesado referente Jonathan Morel, por una seguidora, quien escribió tener "ganas de usar mi 9mm", días antes del atentado a la Vicepresidenta.

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, a cargo de la causa que investiga a Revolución Federal, derivó la información a su par María Eugenia Capuchetti, quien lleva la causa por el intento de asesinato de CFK.

Martínez De Giorgi rechazó planteos del fiscal Gerardo Policitta vinculados a profundizar sobre esos mensajes en el marco de la investigación a Revolución Federal, pero dispuso remitirlos a Capuchetti "pudiendo resultar de interés" para su causa.

Lo hizo al tener en cuenta la fecha que según una pericia se adjudica al mensaje, el 27 de agosto de 2022, días antes del 1 de septiembre cuando el detenido en la causa que lleva Capuchetti, Fernando Sabag Montiel, intentó matar a la Vicepresidenta.

"Póngase en conocimiento de la magistrada interviniente a los efectos que estime pertinente y hágase saber, asimismo, que la totalidad de los informes se encuentran a disposición para requerir las copias que le sean de utilidad", dispuso Martínez De Giorgi.

En la captura de pantalla que forma parte de una pericia hecha por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal de la Procuración General de la Nación se ve un chat de la aplicación de WhatsApp tomada del teléfono de Morel en donde una interlocutora, "Dali Revolución" escribió: "Yo no estoy en el grupo pero costa conmigo la actividad bala tengo unas ganas de usar mi 9mm”.

En la pericia se recuperaron otros tres mensajes enviados desde la misma línea entre julio y agosto de 2022 con otras alusiones al arma de fuego

"Que no es una mala idea tengo una 9 mm cualquier cosa me avisan”, es uno de ellos, enviado el 22 de julio como respuesta a un video titulado "Manifestantes autoconvocados amenazaron de muerte a Cristina Kirchner. Arrojaron basura y patearon las puertas de la sede del Instituto Patria. Las amenazas se suman a una serie de ataques que viene sufriendo la vicepresidenta”

La usuaria “Dali Revolución” refirió: “Lo que fue agresivo fue el mensaje de amenaza de muerte (… ) Que no es una mala idea tengo una 9 mm cualquier cosa me avisan”

El juez recordó que el mensaje "ya fue considerado en el informe correspondiente al análisis del contenido del teléfono de Jonathan Morel efectuado por la P.S.A., incorporado al Sistema Informático con fecha 19 de diciembre de 2022".

Además remarcó que la Cámara Federal porteña "ya ha zanjado la cuestión relativa al contenido discursivo de los mensajes intercambiados por los imputados y terceras personas, a lo que se suma que se trata en este caso concreto de manifestaciones vertidas en una conversación privada" por lo cual no hizo lugar a lo pedido por el fiscal.

Pollicita había pedido individualizar a la titular de la línea telefónica desde donde partieron esos mensajes, establecer si es legitima usuaria de armas y disponer un entrecruzamiento de llamadas, pero las medidas fueron denegadas por el juez.

En el informe que entregó la DATIP sobre Revolución Federal se detalla además que "si bien no se logró determinar la financiación de la agrupación por parte de terceras personas, se destacaron fotografías y documentación que dan cuenta de transferencias bancarias, recibos y facturas donde se observa la presencia del Fideicomiso Espacio Añelo en transacciones por elevados montos de dinero".