Fiscal Diego Funes, afirmó que "No hay imputados formales, es decir personas a las que se les haya promovido acciones legales, pero si hay personas que están señaladas como posibles autores del delito de extorción, consistente en amenazar  o amedrentar a personas económicamente vulnerables con perder su plan o asistencia social si no concurrían a la marcha o hacían aporte a la organización. Hasta ahora lo que se analizó corrobora la existencia de una cierta obligatoriedad para concurrir a las marchas, y un control muy exhaustivo en los que van, con planillas de asistencia y el conteo de las horas donde ingresaban y se retiraban”.