Tras una reunión de crisis, el Ejecutivo de Emmanuel Macron optó por recurrir al artículo 49.3 de la Constitución, un mecanismo que le permite aprobar la iniciativa prescindiendo del voto legislativo, ante el temor de no reunir el apoyo necesario en la cámara baja, donde no cuenta con una mayoría absoluta. Desde París, el corresponsal de Página12 dio detalles de los alcances de la decisión adoptada tras una reunión de crisis, que provocó una sensación doble en la sociedad: “repudio y traición”.
Eduardo Febbro dio cuenta también de la reacción contraria por parte de la sociedad y describió que “hace años no se veía la ocupación por manifestantes y sindicatos en decenas de ciudades francesas y corridas y enfrentamientos fuertes con la policía”.
Las protestas callejeras derivaron en disturbios que dejaron al menos 217 detenidos, según informó la prensa local, y la policía intervino con carros hidrantes y gases lacrimógenos para dispersarlos.
Febbro advirtió que, la medida dispuesta, no deja “alternativa institucional” y que la única posibilidad es “un acuerdo parlamentario para aprobar una moción de censura contra la primera ministra Élisabeth Borne”.
Pese al rechazo de dos de cada tres franceses, según los sondeos, la reforma retrasa gradualmente la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y adelantar a 2027 la exigencia de aportar 43 años (y no 42 como hasta ahora) para cobrar una pensión completa.
En ese sentido, el periodista consideró que se trata de una reforma que “parece hecha por un ciego que no toma en cuenta a la modernidad en la que vivimos hoy”.
Entre gritos de la oposición de izquierda, que entonó el himno nacional La Marsellesa, la primera ministra, Élisabeth Borne, tuvo que forzar la voz en el hemiciclo de la Asamblea para anunciar el uso de dicho artículo.
"Hasta el último minuto, hicimos todo lo posible para lograr una mayoría para este texto, pero las cuentas no salían", explicó Borne a la cadena TF1, y confirmó que activó el artículo 49.3 de "común acuerdo" con el presidente Emmanuel Macron.
Varios miles de personas se congregaron entonces al grito de "huelga general" en la plaza de la Concordia, a cientos de metros de la Asamblea, para protestar contra la reforma y contra el uso de ese mecanismo legal, cuyos detractores consideran antidemocrático.
Sin embargo, las protestas fueron incrementándose hacia la noche y la Policía de París informó que arrestó a 217 personas acusadas de incendiar y dañar mobiliario público, y de enfrentarse con los uniformados, según la televisora BFTM.
Más temprano, la primera ministra aseguró en el Parlamento que el país no puede "hacer apuestas" sobre el futuro de las pensiones, mientras los legisladores opositores agitaban carteles con el lema "64 años es no", reclamaban su renuncia a los gritos y cantaban el himno como signo de protesta.
“Es sobre la reforma, sobre el texto del Parlamento” consensuado por una comisión paritaria conjunta “que estoy dispuesta a comprometer mi responsabilidad”, sentenció Borne.
En consecuencia, el debate legislativo quedó suspendido y el texto se considera aprobado, salvo que los diputados presenten y aprueben una moción de censura contra el gobierno, que sería votada el próximo lunes.
Pese al rechazo de dos de cada tres franceses, según los sondeos, Macron quiere retrasar gradualmente la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y adelantar a 2027 la exigencia de aportar 43 años (y no 42 como hasta ahora) para cobrar una pensión completa.
Durante el Consejo de Ministros que autorizó el uso del 49.3, el presidente estimó que no se podía jugar "con el futuro del país" y que "los riesgos financieros y económicos eran muy grandes" para perder la votación, según participantes del encuentro citados por la agencia de noticias AFP.
Sin embargo, la centésima activación desde 1958 de ese mecanismo causó indignación entre los legisladores de la oposición de izquierda y de ultraderecha, que amenazaron con hacer caer al Ejecutivo.
Hasta ahora el gobierno se mantiene firme en su plan de subir una de las edades de jubilación más bajas de Europa que busca, según afirma, evitar un futuro déficit en la caja de las pensiones en un país con una creciente esperanza de vida.
Macron, de 45 años, reelegido hace casi un año con la promesa de reformar Francia, se juega con esta impopular medida poder aplicar su programa durante su segundo mandato.
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