El principal impulsor de la denuncia contra el municipio respecto de la planta de bombeo de líquidos cloacales y cañería de impulsión, Ariel Pino, dijo a La Mañana en Nacional que "agotados los recursos administrativos el único camino que nos quedaba era la justicia, porque hace 5 años que venimos con estos pedidos".

La justicia estipuló una multa al municipio de 5 JUS diarios por cada jornada de demora de la obra. La novedad es que el dinero para afrontar la multa será, para el primer mes de demora, el de las arcas municipales, pero a partir del 2º mes la responsabilidad del pago de la multa caerá sobre funcionarios. La jueza Ivonne San Martín considera responsables a la intendenta Soledad Martínez y al secretario de Obras Públicas Fabián Mirabete. Esta decisión de primera instancia fue apelada por el municipio y ahora debe definir la Cámara de Apelaciones.