Los trabajadores del diario El Litoral de Corrientes realizan un quite de colaboración y se encuentran en estado de asamblea permanente y movilización, como parte de un plan de lucha frente al despido de un trabajador y la destitución del jefe de redacción del diario.

La delegada Laura Koseniak dialogó con Noelia Moreyra de Radio Nacional Resistencia y sintetizó los hechos: “ante una serie de presiones que padecemos desde hace bastante tiempo por reclamar el cumplimiento de los convenios en vigencia, decidimos convocar, para el miércoles 20, a una asamblea en la que se respetarían los protocolos de seguridad sanitaria y participarían en forma virtual muchos compañeros. Ese día, a las 17 aproximadamente, se presentaron en la redacción dos agentes policiales e informaron que lo hacían pues estaban en conocimiento que se realizaría una asamblea. Es un hecho muy grave”, indicó.
La delegada dijo que si bien está en vigencia el cumplimiento del aislamiento social, eso no significa la desaparición del Estado de derecho: “suponemos que fue la patronal quien avisó a la policía, no pueden suspender una asamblea y mucho menos si se tiene en cuenta las causas de la convocatoria: que la patronal nos suministre elementos de seguridad sanitarios. La policía registró la nómina del personal, sacó fotos y preguntó cuando se haría una próxima asamblea, situación que generó gran inquietud entre los trabajadores. Esto es 'tierra de nadie'", afirmó”.
La representante gremial indicó que se dio a conocer la situación “a diferentes organizaciones, se solicitó una reunión con los titulares del medio como también con la Subsecretaría de Trabajo para plantear la situación que estamos viviendo”.

Comunicado de la La Asociación de Periodistas de Corrientes (APC)
"La Asociación de Periodistas de Corrientes (APC) repudia enérgicamente un nuevo y gravísimo episodio de violencia laboral y persecución que lleva adelante la patronal y la dirección periodística del diario El Litoral.
El lunes 18 de mayo los trabajadores y trabajadoras presentes en la Redacción, cerca de las 17, recibieron la “visita” de personal policial. Según consignaron los agentes, su presencia respondía a una notificación de que se realizaría una asamblea, la cual estaba prevista para ese día, pero que tres horas antes fue cancelada debido al fallecimiento de un reconocido colega y esto había sido notificado a la gerenta del diario Laura Gálvez. La policía tomó fotos de la nómina de personal y datos de un jerárquico, preguntando cuándo se realizaría la próxima asamblea.
La gravedad de este ataque radica en que ni en el país ni en la provincia se ha anulado el Estado de Derecho como para que la empresa prohíba o intente impedir un legítimo derecho de los trabajadores como lo es reunirse en asamblea, considerando en primer lugar que el decreto provincial que rige impide las reuniones públicas de mero esparcimiento y las asambleas son reuniones para tratar diferentes cuestiones laborales, entre ellas, los reclamos que los trabajadores vienen planteando desde el inicio de la cuarentena a las autoridades del diario para que provea de los elementos de higiene que necesitan y que la empresa hasta hoy viene incumpliendo. Todo esto sumado a los reclamos anteriores para que cumplan con el pago del aumento solidario del decreto presidencial 14/20 y de la reincorporación del delegado despedido ilegalmente a fines del 2019.
La asamblea del viernes 15 fue convocada debido a las presiones, persecución y hostigamiento por parte de la empresa hacia el personal (que llegó al punto de modificar tareas, funciones y horarios del jefe de Redacción) y se realizó respetando las medidas sanitarias de prevención: el distanciamiento físico, la utilización de barbijos y alcohol en gel (elementos adquiridos por los propios trabajadores, cuando corresponde a la empresa poner a disposición) y en esa asamblea se propuso garantizar la mayor participación posible para la próxima reunión (lunes 18, que fuera pospuesta) sumando a compañeros y compañeras por medio de videollamadas o alguna otra herramienta de comunicación virtual.
Es inadmisible que en plena democracia una empresa actúe como lo viene haciendo la patronal del diario El Litoral, a quien poco importa la salud de los trabajadores como lo demuestra claramente: no entrega kits sanitarios; no respeta el aumento decretado (violencia económica); recarga de tareas al personal y lo hostiga constantemente, cualquiera sea el área de trabajo en que se desempeñan (violencia psicológica), constantemente imponen exigencias fuera de la normativa vigente (violencia laboral). Y ahora, la empresa envía a la policía para intentar intimidarlos e impedir el derecho a asamblea.
La APC acompaña a los trabajadores del diario El Litoral que se encuentran en estado de asamblea permanente, alerta y movilización e invita a todas las organizaciones, agrupaciones y particulares a expresarse públicamente contra este gravísimo acto de persecución".