La Fiscalía Penal Federal a cargo de Ricardo Toranzos confirmó que el requerimiento de información a la Municipalidad de Salta tiene que ver con una investigación que entre otros delitos busca saber si contratistas del Estado usaron facturación apócrifa, según informó el sitio web Salta Transparente. Aclararon que la medida judicial "es en los hechos un allanamiento", algo que había sido negado por el jefe de Gabinete Luis María García Salado.

En diálogo con la Radio de Todos, el ex diputado olmedista Carlos Zapata -denunciante de hechos de corrupción de la gestión municipal de Miguel Isa- opinó que "alguien del Estado está metido, puede ser por una coima o puede ser un cuentapropista que dice yo me prendo con este y hacemos una factura que no existe". También especuló con que la actual investigación a cargo del juez Julio Bavio sea una derivación de aquella que determinó allanamientos en varios estudios contables ocurrida a mediados de 2018.

Por su parte, el abogado tributarista Sebastián Espeche explicó que la facturación apócrifa es una maniobra que sirve para la evasión impositiva de privados por lo que el secuestro de computadoras del Centro Cívico Municipal podría hablar de complicidad de empleados o funcionarios municipales con las empresas investigadas.