El fiscal federal Federico Delgado presentó una denuncia en el fuero penal económico para investigar el aumento de precios en el sector alimenticio desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno para frenar el avance del coronavirus.

Podcast: Bajar

Suscribirse en Spotify | ¿Qué es Nacional Podcasts?

En diálogo con la radio pública, Delgado detalló el contenido de la presentación y sostuvo que "hay una causa no económica que incrementa los precios". Según precisó, el contraste entre algunos informes que señalan una tendencia decreciente en los precios y los últimos datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) indica que los precios aumentan por razones no económicas.

"La Ley dice que puede haber algún actor, algunas empresa, algún grupo, que se ponga de acuerdo para aprovecharse de un contexto, aumentar un precio artificialmente y obtener una ganancia", explicó.

El fiscal federal pidió investigar la posible comisión de un delito previsto en el artículo 300 de Código Penal de la Nación que prevé seis meses a dos años de prisión al quien "hiciere alzar o bajar el precio de las mercaderías por medio de noticias falsas, negociaciones fingidas o por reunión o coalición entre los principales tenedores de una mercancía o género, con el fin de no venderla o de no venderla sino a un precio determinado".

La denuncia remitida al fuero penal económico deberá ahora ser sorteada para su investigación en un juzgado de primera instancia.

Investigación en la AFIP durante la gestión Cambiemos

El viernes pasado, el fiscal presentó una denuncia para que se investigue la actuación de los funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFP) durante el gobierno de Mauricio Macri ante la posibilidad de que haya existido una “presunta protección de evasores” en una causa en la que se investiga la existencia de 950 cuentas no declaradas en el exterior por un monto total de US$2.600 millones.

"Argentina recibe en el año 2017 dos informes de la OCDE que nos contó a los argentinos que había muchas más de 900 cuentas no declaradas en el exterior y, por lo que pudimos reconstruir, a esa información no se le dio el trámite previsto por las propias normas de la AFIP, sino que quedó 'cajoneada' y eso, en principio, podría ser una infracción. Además, la propia AFIP no puede garantizar que esa información no haya sido adulterada", indicó.

En este contexto, la investigación buscará determinar si hubo un delito penal al 'dormir' esa información y adulterarla.

Además, adelantó que si hay cuentas en el exterior es "probable" que haya habido fuga de divisas y advirtió que esta causa se puede vincular con el blanqueo del año 2016, ya que quienes se acogieron a esta medida juraron no tener otros bienes en el exterior. "Si no se declaró que había fugado y se acogieron al blanqueo, todo ese blanqueo se puede caer", afirmó.

La investigación se llevará a cabo en el juzgado federal a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti.